
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció en la noche del sábado 2 de diciembre que levantará el paro armado decretado en el Chocó.
La medida, que había sido impuesta desde el martes 28 de noviembre, afectaba a las jurisdicciones de Sipí, Medio San Juan, Istmina, Litoral de San Juan y Nóvita.
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A través de un comunicado, el grupo armado confirmó que el domingo 3 de diciembre, a las 6:00 a. m. levantarán el paro armado en el departamento que, según el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, tenía como objetivo denunciar hechos de corrupción en la región.
“El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, da por finalizado el paro armado en el departamento del Chocó a partir de las 6:00 a.m., el día 03 de diciembre del 2023, manifestando nuestro compromiso con el pueblo chocoano y sus luchas”, se lee en el comunicado.
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Fue a través de un audio enviado por redes sociales, que el grupo Ernesto Che Guevara, del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez (del ELN), comunicó un nuevo paro armado en días pasados.
Para ese entonces, el grupo armado anunció que el paro era de carácter indefinido, situación por la cual se agravó la crisis humanitaria en la región y esto llevó a que la Defensoría del Pueblo interviniera.
De acuerdo con la entidad garante de los derechos humanos, en el departamento de Chocó se han registrado 125 confinamientos, que han afectado a más de 10.300 familias, en lo que va de 2023.
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Estos hechos han sido resultado del recrudecimiento de la violencia, ya que, tras el proceso electoral de octubre, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y el ELN han estado en continuos combates.
El reciente paro armado, el sexto del año decretado por el ELN en el departamento, afectaría a más de 80 comunidades étnicas, según estimó la Defensoría del Pueblo.
Precisamente, el 28 de noviembre, día en que fue decretada la medida, en cercanías al corregimiento Puerto Murillo, se presentaron acciones armadas, que dejaron varias viviendas afectadas y dan cuenta que la violencia no cesa.
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El objetivo de las disputas es el control territorial y poblacional, específicamente de cinco municipios del Chocó: Medio San Juan, Nóvita, Istmina, Sipí y Litoral del San Juan.
“No es posible que en el previo del inicio del quinto ciclo de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno y del ELN, esa guerrilla imponga restricciones a la movilidad en un departamento que por años ha sido víctima permanente del conflicto armado. ¿Dónde están las manifestaciones y buenas intenciones de paz?, ¿con más vulneraciones a los derechos de las comunidades?”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En su momento, el funcionario exigió levantar el paro decretado en el Chocó: “Le solicitamos levantar el paro armado, pues afecta gravemente los derechos fundamentales de la comunidad, ya que restringe la movilidad, no permite el abastecimiento de alimentos y obstruye las tareas diarias de los moradores, como el trabajo en el campo y la pesca”.
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Por su parte, desde las jurisdicciones afectadas por el paro armado, entidades como la Personería de Istmina hicieron un llamado para que se abriera un corredor humanitario que permita el ingreso de alimentos a las comunidades.
Pese al anuncio del ELN de levantar el paro armado a partir del domingo 3 de diciembre, la Defensoría del Pueblo mantiene la orden a las autoridades territoriales de prestarles la ayuda humanitaria necesaria a las familias tuvieron que confinarse.
A la Fuerza Pública, la entidad instó a garantizarles la seguridad a los pobladores de la zona que tuvieron restricción a la libre movilidad.
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