
El representante a la Cámara Alfredo Mondragón informó que, durante el debate que se desarrolló en la plenaria de la Cámara de Representantes, fue aprobado el artículo 71 del proyecto de reforma a la salud, mediante el cual se avala brindar un apoyo económico a mujeres en licencia de maternidad que actualmente no cotizan en el sistema de salud.
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En junio de 2023, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que este artículo había pasado desapercibido en medio de todos los puntos que establece la iniciativa. Con el mismo se busca brindar un apoyo económico a las madres que tienen dificultades salariales y que, por ende, no cuentan con todas las garantías para proteger a sus hijos.
La financiación de esta iniciativa en particular equivaldría a 800.000 millones de pesos, aproximadamente, según detalló el jefe de cartera en la entrevista. En su momento, dijo que ese podría ser el único costo adicional claro en la reforma, que, en general, costará 929.000 millones de pesos en 2024. Esta cifra fue revelada por el Ministerio de Hacienda por medio del aval fiscal del proyecto.
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A pesar de que el monto para costear la ejecución del artículo 71 de la reforma es alto, el ministro de Salud argumentó que representaría un gran apoyo para las madres en Colombia, para que por lo menos durante tres meses puedan dar sustento a sus hijos.
Cabe resaltar que las mujeres que podrán ser acreedoras a este subsidio únicamente serán aquellas que ya hayan dado a luz y que demuestren que han asistido a todos los controles prenatales exigidos, durante el tiempo que estuvieron en estado de embarazo.

Otros artículos aprobados en la plenaria
Un bloque de 10 artículos recibió el visto bueno de los representantes a la Cámara, que otorgaron 73 votos a favor de los puntos 48, 49, 50, 52, 53, 54, 125, 130, 131 y 71, referente a la licencia de maternidad para las mujeres no cotizantes.
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El 48 ha sido uno de los más controvertidos debido a que implica el cambio de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a Gestoras de Salud y Vida. Las EPS tendrán un plazo de dos años para definir su transformación y, en la medida en que lo hagan, deberán crear y ejecutar un plan de saneamiento de deudas.
Es importante destacar que, actualmente, estas entidades adeudan más de 23 billones de pesos, de los cuales 16,6 billones corresponden a las EPS que están activas; 1,7 billones, a las que están liquidadas; y 5 billones, a las que están en proceso de liquidación, según explicó la Superintendencia de Nacional de Salud.
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También hay un déficit de 12 billones de pesos por reservas técnicas con las que deben cumplir todas las EPS. Con ellas, se busca “mantener una provisión para garantizar el pago de la prestación de servicios de salud en cuanto a los servicios ya conocidos por la entidad y a los ocurridos, pero no conocidos, que hagan parte de los servicios y tecnologías que se financian con cargo a la UPC y de los planes complementarios, así como las incapacidades por enfermedad general”, según detalla el Decreto 995 de 2022 del ministerio.
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