El Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo de Colombia han confirmado el inicio de un paro armado indefinido impuesto por el ELN en cinco municipios del Chocó, todo apenas horas antes de que se reanuden los ciclos de negociaciones de paz con el Gobierno.
La medida de fuerza, que comenzó a las 6:00 p. m. del martes 28 de noviembre, afecta a las jurisdicciones de Sipí, Medio San Juan, Istmina, Litoral de San Juan y Nóvita. Al parecer, la acción surge en respuesta al avance del clan del Golfo en el territorio, según los lineamientos expuestos por alias Fabián, jefe del Frente Ernesto Che Guevara del ELN.
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Consejo de seguridad y crisis en sur de Bolívar
Se conoció que un consejo de seguridad será convocado en Quibdó el miércoles 29 de noviembre para abordar la situación y las posibles medidas de protección para la población civil.
Se teme que el conflicto agrave la ya tensa situación en el sur de Bolívar, donde el enfrentamiento entre el ELN y el clan del Golfo ha forzado a alrededor de 560 familias a desplazarse en busca de seguridad, situación que ha desembocado en una crisis humanitaria.
En medio de estas tensiones, se critica la aparente ausencia de acción por parte del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien se reporta en reuniones privadas sin emitir declaraciones públicas al respecto.
Impacto humanitario y llamado a la acción
Las comunidades han limitado sus desplazamientos por miedo al cruce de fuego entre las facciones armadas, mientras la Defensoría del Pueblo emite alertas por homicidios selectivos, amenazas y secuestros.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, exige la adopción inmediata de medidas efectivas para proteger los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas, en especial la integridad y la vida de los desplazados y residentes. Además, destaca que los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN han sumergido a comunidades enteras en un clima de miedo y ansiedad, incluyendo a mujeres y niños.
Qué dijo el ministro de Defensa
Varios medios de comunicación abordaron al jefe de la cartera de Defensa para preguntarle sobre cuál era su postura frente al anuncio de paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional, frente a lo que el ministro respondió: “En esto hay una situación que hemos afirmad también en otras oportunidades, tiene que ver con el compromiso real de las organizaciones que están en proceso de negociación, porque en situaciones como esta, lo que se ve o mas bien se cuestiona la verdadera voluntad de paz. Resulta imposible, que ya anunciado y desplazada las delegaciones a México para el quinto ciclo, se anuncie el paro armado”.
En cuanto a si se reforzaría la seguridad en el Chocó, el ministro aseguró que “estamos en un proceso de reubicación de fuerzas, porque tenemos problemas en tantos territorios, que el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejercito están revisando cómo se va a organizar la situación”.
Un difícil camino hacia la paz
En medio de los diferentes procesos de paz que adelanta el Gobierno con los grupos armados ilegales hay un gran contraste, pues las hostilidades, amenazas y desplazamientos forzados no cesan. De acuerdo con las cifras entregadas por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, para junio del 2023 se habían presentado 59 desplazamientos masivos. La cifra equivale a 18.755 personas sacadas a la fuerza de sus territorios por culpa de la violencia.
Camargo hizo un llamado de urgencia a la administración del presidente Gustavo Petro para que atiendan de manera oportuna y eficaz a las poblaciones afectadas por los grupos armados que dicen tener disposición de paz, pero siguen vulnerando sus derechos. “Estas son las cifras frías que debemos entregar y con las que esperamos llamar la atención de las autoridades del Estado para no permitir que eventos como el confinamiento se vuelvan paisaje, sin que el Estado atienda de manera oportuna y eficaz las vulneraciones contra las comunidades”, aseguró el defensor del Pueblo.
Concorde a lo registrado por la entidad, Chocó es el departamento del país con mayor cantidad de denuncias de confinamientos a causa de grupos armados (70) lo que representa el 79% de este tipo de vulneración de los derechos. Otros departamentos con presencia de grupos armados ilegales, que registran este tipo de situaciones son Arauca y Cauca con seis eventos cada uno; Valle del Cauca, cinco, y Nariño, dos.
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