
El general (r) Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército Nacional de Colombia en el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe, estaría inmerso en una investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos que le podría costar su ingreso a ese país.
Al parecer el alto oficial, en uso del buen retiro, es señalado de estar implicado en un caso de estafa en un proyecto hotelero en Miami donde invirtió más de un millón de dólares hace unos 10 años y por el que, al parecer, resultaron defraudados unos 40 inversionistas, aseguraron en el informativo de televisión Noticias Uno.
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Agregaron que Montoya también estaría por ser expulsado de la Jurisdicción Especial la Paz (JEP) donde esperaban su colaboración para conocer la verdad sobre los mal llamados falsos positivos, practica criminal donde militares asesinaron civiles y guerrilleros en indefensión para hacerlos pasar como bajas en combate para obtener beneficios.
Por esos fraudulentos resultados contra la insurgencia, en los que se violó el Derecho Internacional humanitario (DIH), el tribunal de paz da cuenta de 6.402 casos.
Precisamente, a través de un corto memorial donde expuso su versión libre y espontánea sobre esos hechos, para la comparecencia de Montoya ante la JEP del pasado 20 de octubre, el alto oficial (r) negó su responsabilidad en más de 130 de esos crímenes que se señala que fueron perpetrados entre 2002 y 2003.
En esa ocasión la Sala de Reconocimiento de Verdad acusó al general (r) Montoya de generar presiones sobre sus subalternos para cumplir con las metas de muertes en enfrentamientos contra las Farc.
“Se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, aseguraron en la JEP.
Incluso solicitó la nulidad de dicho proceso por la supuesta formulación inadecuada de la imputación, ya que, según su abogado defensor, a Montoya no se le debería imputar la responsabilidad de esos asesinatos como autor porque no se cumplen los presupuestos legales de esas conductas.
Recordaron en Noticias Uno que lo mismo ocurrió con el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, que aparte de ser expulsado de la JEP, le retiraron la visa, como también a su esposa e hijos, por los presuntos excesos en que incurrió el Ejército cuando la extinta guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia en 1985.
“Se designa al ex general colombiano, Jesús Armando Arias Cabrales, debido a su participación en una violación grave de derechos humanos durante la operación de retoma (...) Como resultado de la medida dispuesta hoy, Arias Cabrales, su esposa Martha Paulina Isaza de Arias y sus hijos Francisco Armando Arias Isaza y Martha Lucia Arias Isaza no son elegibles para ingresar a Estados Unidos (sic)”, indicó en un comunicado Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
La misma decisión se tomó en el primer semestre de este año con el general (r) Iván Ramírez, y los coroneles (r) Juan Carlos Figueroa y Publio Hernán Mejía, que tampoco colaboraron con el tribunal de Paz.
“Estamos tomando para promover la rendición de cuentas de tres ex funcionarios colombianos por su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las décadas de conflicto armado interno de Colombia (...) Como resultado de la acción de hoy, Mejía Gutiérrez, Figueroa Suárez y Ramírez Quintero no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Como parte de esta acción, también están siendo designados cinco de sus familiares”, señaló el organismo estadounidense en otro comunicado el 4 de mayo.
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