
Una jueza fue destituida por acoso laboral luego de decirle a su subalterno que “no daba la talla”. La decisión la tomó la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la jueza fue destituida por término de 10 años.
Se debe tener presente que la queja llegó a la Comisión luego de que la señora Falconeris Caro Rosado interpusiera una queja por acoso laboral en abril de 2018. En la queja aseguró que había sufrido de maltrato y que la jueza le había dado dos opciones. La primera, salir del juzgado como si no se hubiera posesionado, y la otra era quedarse y esperar una calificación negativa de manera anticipada.
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No obstante, la togada sostuvo que la funcionaria Caro llegó al juzgado en lista de elegibles luego de superar el concurso de méritos para el cargo de oficial mayor. Además, indicó que la recibió y la posesionó, explicándole cuáles eran los compromisos del cargo, pero que la advertencia que le hizo era que “si iba a aceptar el cargo y que si “no daba la talla” podía hacer uso de la calificación anticipada”.

A pesar de los argumentos, la Comisión de Bogotá estudió el caso y determinó que quedó demostrado, a través de pruebas, que la jueza investigada ejerció mecanismos de presión, como advertir a la funcionaria que en caso de no dar “la talla” la calificaría anticipadamente. Además, cumplió esta amenaza y la calificó antes del vencimiento en el término de tres meses.
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La destitución e inhabilidad por 10 años puede ser apelada y en este caso sería estudiada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. “Legalmente concebido para tal efecto, igualmente, que dictó un manual de funciones personalizado, en el cual se insertaron amenazas, e incluso, se le prohibió que estuviera sola en el juzgado, conductas, que a no dudarlo tenían el objetivo de que la trabajadora renunciara al cargo”, sentenció la Comisión.
Cómo llega el caso a la Comisión
La queja de la funcionaria Cano se movió por varios despachos hasta que llegó a la Comisión de Disciplina Judicial. En el documento se indicaban una serie de hechos irregulares y presuntamente infractores del buen comportamiento para una representante de la justicia y dejaron como responsable a la juez 50 civil municipal de Bogotá, Dora Alejandra Valencia.
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En la queja contra la jueza, la funcionaria indicaba que llegó a ocupar el cargo de oficial mayor del despacho, pero no pudo trabajar porque, a criterio de la jueza, no cumplía los requisitos para ser parte de la rama judicial, tanto así que ni siquiera le permitía ingresar a las oficinas.
“Constitutivos de acoso laboral, consistentes en que en condición de oficial mayor del Juzgado 50 Civil Municipal, ha sido objeto de persecución por la titular del estrado, quien desde el 11 de abril de 2018 le impidió el ingreso al mismo”, señala la queja en contra de la jueza.
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En su relato, la funcionaria indica que la representante de la justicia, encargada de velar por el respeto de la ley, le dio dos opciones a la oficial mayor. “Agregó que la investigada le impidió realizar el reporte de su posesión ante la Oficina de Talento Humano, pues en el acta de posesión se incurrió en un yerro al consignar una resolución que no correspondía, por lo que debía corregirse, hallándose al despacho tal corrección para la firma, pero la Juez le manifestó que no iba a corregir el acta”, describe la queja que llegó a la Comisión de Disciplina Judicial.
La queja llegó en 2018 y cinco años después se conoce una decisión. Los magistrados de la Comisión encontraron a la funcionaria responsable, en primera instancia, de los hechos y la destituyeron, además de inhabilitarla por el término de 10 años. “Para el cumplimiento de la sanción por Secretaría se oficiará a la Dirección Seccional de administración Judicial, así mismo se ordenará registrar la sanción ante la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría”, advierte la decisión de la Comisión que sancionó a la juez.
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