Una tutela podría tumbar la elección de exsecretario de Gustavo Petro como magistrado de la Corte Constitucional

Una nueva ficha en las ramas del poder público se le podría caer al presidente Gustavo Petro, pues la elección del magistrado Vladimir Fernández está a punto de ser anulada por una acción tutelar que expone presuntas irregularidades en la terna propuesta por el jefe de Estado para ocupar el cargo de magistrado en la Corte Constitucional.

De acuerdo con el recurso jurídico interpuesto por los ciudadanos Juan Sebastián Ceballos Bedoya, Esteban Hoyos Ceballos y María Carolina Olarte Olarte ante el Consejo de Estado, se establece que durante la conformación de la terna de candidatos para reemplazar al magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, no hubo una convocatoria pública sino que la eligió directamente el presidente, vulnerando así los derechos políticos fundamentales a conformar, ejercer y controlar el poder político.

“Los magistrados de la Corte Constitucional son servidores públicos elegidos por una corporación pública (el Senado de la República), con base en un acto preparatorio de esa elección, como es la conformación de la terna por parte –en este caso— del presidente de la República. Con fundamento en el artículo 126 inciso 4 de la Carta, la elección debía estar antecedida de una convocatoria pública conforme a los principios constitucionales mencionados, y esa convocatoria tenía que hacerse precisamente para elaborar la terna a cargo del presidente de la República”, se lee en la tutela.

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Y es que los ternados por el presidente Petro el 2 de octubre ante el Congreso fueron tres personas muy cercanas a él: Cielo Rusinque, exdirectora del Departamento de Prosperidad Social; Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras; y Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico del Gobierno nacional.

Finalmente, fue el último quien resultó elegido por el Senado como magistrado de la Corte Constitucional el 17 de octubre, sin embargo, el 20 de ese mismo mes fue interpuesta la tutela alegando que el proceso para seleccionar a los candidatos no fue público, transparente ni participativo.

En la Sección Primera del Consejo de Estado acogieron el caso y se lo entregaron al magistrado Germán Osorio, alguien alejado del Gobierno nacional y con estrechos lazos con el Partido Conservador, pues su fallecido padre José Liborio Osorio fue militante de esa colectividad política.

El magistrado Osorio tiene la responsabilidad de ratificar o derogar lo expuesto en la tutela, que pide: “Dejar sin efectos la terna que integró el presidente de la República para elegir al próximo magistrado de la Corte Constitucional, que reemplazará al actual magistrado Alejandro Linares Cantillo, y ordenarle al presidente de la República iniciar una convocatoria pública respetuosa de nuestro derecho político fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público”.

Por su parte, la revista Cambio conoció que el 30 de octubre hubo una respuesta por parte del Gobierno, que pidió negar la tutela interpuesta por los tres civiles.

A través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en la administración de Gustavo Petro expuso ante el Consejo de Estado: “(El presidente) tiene cierta libertad y margen de maniobra para tomar decisiones en este proceso, sin que esté sujeto a reglas o criterios rígidos establecidos por la ley, ni autoridad superior que determine su actuación, salvo su juez natural”.

Según lo conocido por el medio citado, desde el Dapre alegaron que el jefe de Estado tiene la facultad de elegir a los ternados para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Constitucional y que, si los candidatos elegidos cumplen con los requisitos constitucionales, no se debe seguir un proceso específico o tomar en cuenta recomendaciones externas.