Qué es la regla fiscal y cuál sería el impacto en la economía si se elimina como pide el presidente Petro: esto dicen los expertos

La ley 1473 de regla fiscal instaurada en Colombia durante la administración de Juan Manuel Santos en 2011 impone límites al endeudamiento público. La normativa fija como meta fundamental el aseguramiento de la estabilidad de las finanzas del país, estableciendo un techo para la deuda de hasta un 71% del Producto Interno Bruto (PIB) y un nivel óptimo, conocido como ancla de deuda, del 55% del PIB.

En detalle, el artículo 5 de la mencionada ley establece como prioridad la “sostenibilidad de las finanzas públicas”, para que así la deuda no exceda un límite preestablecido. Esto implica que las obligaciones financieras del Estado no debe sobrepasar el 71% del valor total de la economía nacional, con una recomendación de mantenerse en un rango preferente alrededor del 55% del PIB, según lo interpretaron varios expertos económicos.

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Por lo tanto, la regla fiscal se puede tomar como una herramienta esencial para la gestión económica del país, actuando como un mecanismo de control y prevención ante un excesivo endeudamiento. Esta estrategia es un reflejo del compromiso del gobierno por preservar la solidez fiscal, evitando comprometer la economía a largo plazo y manteniendo un margen de maniobra responsable frente a posibles crisis económicas.

Para el analista económico, Julio César Alonso, la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro sería un cambio total en las reglas del juego a nivel financiero “Esto es cambiar las reglas de juego y abrir un espacio para que después otro tipo de gastos deseables también se salten la regla” le dijo a El País.

Al saltarse la regla fiscal también se iría incrementando la deuda que tiene el país y de esta forma se verían afectadas las finanzas públicas a nivel externo. “Se elevarían las tasas de interés porque habrá mayor endeudamiento”, indicó Alonso y agregó que esta decisión podría enviar una mala señal a los inversionistas del exterior.

De acuerdo a esta apreciación, el experto argumenta que la regla fiscal busca evitar “la discrecionalidad de las administraciones y no hay que olvidar que gasto es gasto; es decir sin importar que tan noble o loable sea la finalidad. Y si es un gasto estructural o corriente debe pagarse con ingresos corrientes”.

“Hoy, más o menos por cada $10 que le entran al Gobierno nacional en impuestos, $2.5 se van pagando intereses y las cuotas de créditos. Al incrementar la deuda, al momento de financiarla, a largo plazo se tendría que subir o recortar los gastos como por ejemplo en la educación, salud, ciencia y tecnología, se vuelven las finanzas públicas insostenibles”, afirmó Alonso al medio citado.

Entre tanto, el analista económico Giovani Reyes, argumentó que la regla fiscal garantiza que el uso de los fondos del Gobierno cumplan con su objetivo que el de pagar y cumplir con los diferentes compromisos que se encuentran dentro del presupuesto, en lo que respecta a las obligaciones que tienen que ver con las deudas públicas que se tienen con bancos privados en el exterior.

Cuando se incrementan los fondos que se tienen contemplados dentro de la regla fiscal también se podrían ver reflejados algunos beneficios, entre los que están, “mejorar la calificación de los niveles riesgo que tiene Colombia ante las entidades financieras del exterior, pues el incremento sería un factor que podría garantizar que se realizará el pago”, le indicó Reyes a El País.

Esto significa que si un país tiene un nivel de riesgo muy alto, en el momento en el que adquiere una deuda en el exterior, el crédito resultaría más costoso, ya que se generaría la incertidumbre en los inversionistas de que los pagos no se lleguen a realizar. “Hay que chequear bien la intención del presidente, para razonar con base en la solidez de los hechos y no caer en noticias falsas”, manifestó Giovani Reyes.

Así mismo, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, Néstor Dario Preciado manifestó que: “Esta es un instrumento que utiliza el Gobierno para hacer la planeación financiera en un periodo determinado. Su objetivo es controlar el crecimiento del gasto y garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo”.

“La mejor manera de entenderlo, es haciendo la similitud cuando en los hogares o las familias distribuyen el presupuesto mensual y fijan un tope máximo en una deuda, para no estar apretados pagando intereses por la compra de un activo”, agregó Preciado.

Sobre la polémica propuesta del presidente Gustavo Petro

Durante la conmemoración del aniversario 104 de la Fuerza Aérea Colombiana el presidente Gustavo Petro abogó por un cambio económico en el país, manifestando su inconformidad con la regla fiscal vigente y también aprovechó para sugerir que esta no debería continuar en Colombia.

El mandatario destacó la necesidad de incrementar la inversión pública para fomentar el crecimiento económico, una postura que contrasta con las políticas neoliberales actuales. Petro hizo un llamado directo al Congreso de la República para debatir y modificar esta disposición.

“El gobierno, que tiene la responsabilidad de bajar la inversión privada, debe crecer la inversión pública, con esto choco con que hay que reducir ambas, por eso el pensamiento neoliberal que tiene una estricta fórmula de marco fiscal que el que la construyó la violó, no debe mantenerse en Colombia, debe crecer la inversión pública y esa discusión la debe hacer el Congreso de la República aumenta la inversión pública ayudamos a crecer la economía”, indicó el presidente Gustavo Petro.

Así, el jefe de Estado abogó por un aumento de la inversión pública como motor de crecimiento, y busca involucrar al Congreso en este proceso para rediseñar la política económica que, en su opinión, actualmente restringe a Colombia.

La regla fiscal, que puede percibirse como un concepto técnico y lejano, tiene un impacto directo en la economía de Colombia, puesto que establece límites para el gasto público basados en las proyecciones de ingresos y deuda del país. La postura del presidente sugiere una revisión de estas medidas en favor de la inversión estatal como catalizador del desarrollo económico y la inversión privada. Tal cambio de dirección económica requeriría una deliberación y probable reforma legislativa por parte del Congreso.