Francisco Barbosa alertó por proyecto de ley que condena la obstrucción a la paz: “Pretende establecer en Colombia un Estado totalitario”

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció sobre el proyecto de ley radicado en el Congreso, propuesto por el senador Iván Cepeda, que buscaría modificar el Código Penal y Disciplinario para judicializar a funcionarios públicos o civiles que intenten obstruir la paz.

En sus declaraciones a Semana, el fiscal aseguró que con este “nuevo delito” se pretende “establecer un Estado totalitario” y que el senador del Polo Democrático Alternativo pareciera ser un vocero del presidente Gustavo Petro. Además, explicó lo que para él consistiría el proyecto de ley que condena la “obstrucción a la paz”.

“Por un lado, que los servidores públicos sean indebidamente judicializados por defender las instituciones cuando, bajo la excusa de la paz, se quiera suplantar el Estado derecho por la criminalidad, tal como está sucediendo en Colombia. Y, por el otro, quieren mandar a la cárcel a servidores públicos y particulares, incluidos periodistas, por pronunciarse sobre iniciativas y procesos en ejecución que tienen que ver con la polémica paz que está negociando el presidente Petro (...) Y ni qué decir de lo que le esperaría a la oposición, cárcel hasta por 15 años en Colombia, a quien critique la paz total del Gobierno Petro”, dijo Barbosa.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

A propósito, el funcionario añadió que “resulta curioso: para perseguir la legalidad sí les funciona la cárcel, pero para negociar con criminales la cárcel es nociva. Son una vergüenza”.

En su papel como miembro de la mesa de negociación del Gobierno nacional con el ELN, Iván Cepeda ha destacado que los procesos de paz realizados en los últimos años han enfrentado obstáculos que incluyen ataques a la efectiva implementación de dichos acuerdos. Esta sería una de las razones para plantear este nuevo delito.

Con dicho proyecto de ley se condenarían a los señalados con penas de 10 a 15 años de prisión, además de multas entre 1.000 a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Adicionalmente, incluiría sanciones a aquellas personas que ataquen la integridad de los firmantes de acuerdos de paz y desmovilizados.

En caso de aprobarse el proyecto, las sanciones asociadas aumentarían significativamente, alcanzando un rango del 50% al 75%. Estas penalidades se aplicarían específicamente en situaciones donde se logre obstruir el proceso de paz, especialmente si la infracción es perpetrada por un servidor público en ejercicio de su autoridad.

También se contempla un endurecimiento de las penas si se utiliza un bien perteneciente al Estado con el propósito de obstaculizar el proceso de paz, o si como consecuencia de dicha obstrucción se ocasiona la muerte o se afectan a mujeres excombatientes, constructoras de paz, defensoras de derechos humanos o líderes sociales.

En la propuesta de Cepeda se busca una modificación en el Código Disciplinario, encargado de supervisar la conducta de los empleados públicos. Este cambio tiene como objetivo establecer de manera clara la prohibición de obstruir los procesos de paz en todas sus etapas, desde la fase de exploración hasta la implementación o firma del acuerdo correspondiente.

Finalmente, Barbosa se refirió al Gobierno de Petro, afirmando al medio citado que el polémico proyecto de ley “es producto de la desesperación porque la institucionalidad los está atajando” y que, en ese caso, “Petro debe salir y decir públicamente si avala o no este atentado contra la democracia que fue presentado por su aliado (Cepeda)”.