En una decisión reciente, la Procuraduría General de la Nación declaró responsable disciplinariamente a Martha Alexandra Agudelo Ruiz, exsecretaria de educación de Medellín, imponiéndole una sanción de destitución y ocho años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Según determinó el órgano de control, esta medida se tomó con relación a las presuntas irregularidades detectadas en un contrato vinculado al programa ‘Buen Comienzo’, durante su gestión como secretaria de despacho del exalcalde Daniel Quintero Calle.
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La investigación, llevada a cabo por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, concluyó que Agudelo es responsable de una falta calificada como gravísima, cometida a título de culpa gravísima, justificando así la imposición de la sanción disciplinaria. Agudelo habría aprobado un contrato de forma directa para dicho programa, con pleno conocimiento de que eran otros los mecanismos institucionales para celebrar dicha alianza.
“Sin embargo, el contenido y redacción de las mencionadas líneas de trabajo y dichas obligaciones, en su mayoría no guardan relación ni se identifican con un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por lo tanto, la modalidad de selección no podía ser directa, el proceso de contratación en estudio debió garantizar la pluralidad de ofertas y la escogencia de la más favorable para los intereses y fines públicos de la entidad”, señala el documento de la Procuraduría.
Además de la acción de la Procuraduría, la exfuncionaria enfrenta investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde se le imputan varios delitos, incluyendo la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.
Sin embargo, con la renuncia de Agudelo a su cargo en febrero pasado, la exfuncionaria evitó una posible medida de aseguramiento en su lugar de domicilio debido a su presunta implicación en los hechos investigados.
Pero no es solo Agudelo quien está en el ojo de la tormenta; también se encuentran bajo investigación Lina Gil, exdirectora de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, exrepresentante legal de la corporación Colombia Avanza. Todos ellos son señalados en relación con las presuntas irregularidades en la ejecución del programa Buen Comienzo, específicamente en lo que respecta a la alimentación.
Por ahora, Agudelo Ruíz tiene un plazo de 10 días para apelar la decisión de la Procuraduría ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
Los líos de Alexandra Agudelo con la Fiscalía
La fiscalía presentó el 4 de octubre un escrito de acusación contra Agudelo, quien ocupó el cargo de secretaria de Educación desde enero de 2020 hasta febrero de 2023. Las acusaciones incluyen cuatro delitos, entre ellos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa.
El foco principal de las acusaciones se centra en dos contratos específicos suscritos con la corporación Colombia Avanza en marzo de 2020. El primer contrato tenía un valor inicial de 16.060 millones de pesos y se destinaba a la prestación de servicios para la atención de la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes a través del programa Buen Comienzo.
La fiscalía también imputó a Agudelo y a Lina Gil por el presunto cambio injustificado en la modalidad del contrato, inicialmente bajo la figura de prestación de servicios, alegando falta de fundamento técnico y legal. Este contrato tuvo una ampliación de plazo y una adición de 4.631 millones de pesos.
El segundo contrato tenía un valor de 7.168 millones de pesos y su objetivo era el suministro de alimentación para la población estudiantil vinculada a la Secretaría de Educación de Medellín durante el periodo de calamidad para garantizar su seguridad alimentaria. En este caso, la fiscalía acusa a Agudelo de romper el interés general y desviarse para favorecer a Colombia Avanza.
Es importante señalar que los tres procesados, Agudelo, Gil y Gómez, permanecen en libertad mientras avanza la investigación. A pesar de la imposición inicial de casa por cárcel a Agudelo y Gil, esta decisión fue revocada en segunda instancia.
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