Cerca de la vereda La Campana, en el municipio de Apía, fue hallado el cuerpo de Edison Escobar Valencia, joven de 17 años, que estuvo desaparecido durante once días.
Según el reporte de la Policía de Risaralda, fue asesinado con arma de fuego por tres de sus compañeros de clase, también menores de edad.
El hecho causó rechazo de la comunidad al punto que salieron a marchar solicitando justicia y condenando el caso.
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De acuerdo con el comandante de la Policía de Risaralda, el coronel Simón Cornejo, se llevaron a cabo labores de investigación durante dos meses, se hicieron revisiones fotográficas y técnicas de ubicación de comunicaciones.
“Mediante labores investigativas y de inteligencia ejecutadas por el personal de la Policía Nacional, en el Departamento de Risaralda, durante dos meses, de actividades judiciales, donde fueron técnicas avanzadas de ubicación de celdas de comunicaciones, toma de registros detallados de llamadas, reconocimientos fotográficos entre otros, se logró recolectar elementos materiales probatorios que permitieron vincular como autores a los adolescentes, del homicidio de un joven de 17 años de edad”.
Según el reporte de las autoridades, la captura ocurrió en el marco del Plan Choque Seguridad 360. Allí la policía Judicial de Infancia y Adolescencia, en equipo con la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, bajo la coordinación de la Fiscalía 17 Seccional del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se realizó la aprehensión de los tres adolescentes por orden judicial bajo el delito homicidio fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Se logró establecer que los menores eran compañeros de clase del joven Escobar Valencia y también consumían sustancias estupefacientes y, aparentemente, la víctima les debía plata a esos tres compañeros. Por lo anterior, ellos se encargan de ideal el crimen. Como sabían que la víctima tenia gusto por las drogas, lo invitaron a consumir sustancias alucinógenas en la vereda alta campana. En el lugar todos consumieron algún estupefaciente, se desconoce cuál o cuáles exactamente.
Al parecer, uno de los menores que era nuevo en el grupo, fue retado a dispararle primero a la víctima para ser aceptado. Luego otro de los adolescentes, con tan solo 14 años de edad, lo remata.
El crimen ocasionó temor y zozobra en la familia de la víctima y en la comunidad, pues el menor asesinado estuvo once días desaparecido, desde el día de los hechos hasta el día que fueron hallados su cuerpo, en la vereda alta Campana del municipio de Apía en Risaralda.
Tras la captura, los adolescentes aprehendidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 17 Seccional del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y posteriormente les fue ordenado medida de Internamiento preventivo en centro de atención especializado.
Se conoció que en las audiencias de control de garantías en un juzgado de menores, ninguno de los tres adolescentes aceptaron los cargos por homicidio y porte ilegal de armas de fuego.
Cómo se juzga a un adolescente
Según la rama judicial el Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes es el conjunto de normas o reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito. Esto teniendo en cuenta que los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine.
El objetivo es garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y permite que ellos se hagan responsables de las acciones que realizaron corrigiendo sus errores con las personas a quienes hicieron daño. Hacen parte del sistema el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-, jueces Penales de Adolescentes, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Defensoría del Pueblo.
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