A través del informe ‘Este infierno era mi única opción’: Abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, la ONG Human Rights Watch (HRW) analizó las nefastas consecuencias que ha tenido la crisis migratoria en los derechos humanos de las personas que cruzan la inclemente selva entre Colombia y Panamá para alcanzar el sueño americano y llegar a Estados Unidos huyendo de sus países de origen.
En uno de los apartes del estudio, HRW estableció, con datos del Estado colombiano, que quienes están dominando la renta ilegal del tráfico de personas, con los viajeros irregulares, en la frontera con el país hermano son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como Clan del Golfo.
“Del lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en narcotráfico, regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo, decide quién puede asistirlos en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece normas de conducta para la población local y los migrantes, que a veces hace cumplir mediante la violencia”, explicaron en un comunicado de prensa con el que anunciaban el jueves 9 de noviembre la presentación del informe.
Reseñaron que el Ministerio de Defensa de Colombia tasa que por cada migrante el grupo armado, que delinque en buena parte del Occidente del país, obtiene un total de 125 dólares.
“Si la estimación es correcta, el grupo armado pudo haber obtenido un total de 57 millones de dólares entre enero y octubre de 2023 debido su control sobre la ruta migratoria”, afirmaron.
La crisis humanitaria por la desbordada cantidad de viajeros también la han aprovechado para facilitar la salida de sus cargamentos de droga desde el año pasado, luego de que convocaran a una reunión en la que ordenaron, so pena de duras retaliaciones, que los migrantes los trasladen con navíos de empresas que operan de manera ilegal en el país desde la población de Totumo en Necoclí (Antioquia). r
Las AGC utilizan esta estrategia también para evitar que las personas que van a Estados Unidos no utilicen las mismas rutas terrestres que tiene para sus envíos del estupefacientes, destacaron de la información que les entregaron desde la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
El grupo armado incluso ha implementado modalidades para asegurarse del recaudo del dinero del transporte ilegal en el trayecto hasta las poblaciones panameñas, como si fueran una autoridad migratoria.
“(Han) establecido sistemas para rastrear los pagos de los migrantes y solicitantes de asilo para cruzar el Darién. Estos sistemas han incluido la entrega de pulseras a quienes pagaron y, más recientemente, la colocación de pegatinas en sus pasaportes o documentos de identidad”, establecieron en (HRW).
Hasta regulan y cobran a quienes ofrecen hospedaje en el lado colombiano a las personas que se la juegan por cruzar la cruel selva.
“El Clan del Golfo extorsiona a todos los que se benefician del flujo migratorio (...) Esto incluye a las personas que alquilan sus casas, venden viajes en barco o prestan servicios como “guías” a través de la selva. Un fiscal estimó que el Clan obtiene el 20% de todos los ingresos relacionados con las actividades migratorias”, sostiene el informe.
Lo más paradójico es que en ausencia de la presencia estatal, las AGC incluso imponen reglas de convivencia y protegen a los migrantes, en la parte colombiana del Darién, que les han pagado, lo que reduce la violencia de la que son víctimas, aunque no por un interés en la defensa de los derechos humanos, sino porque de esta manera evitan llamar la atención de la Fuerza Pública.
“El Clan del Golfo establece normas de comportamiento a la población local y los migrantes y solicitantes de asilo, y a veces las hace cumplir mediante amenazas y asesinatos. Estas normas incluyen la prohibición de hacer daño a los migrantes y solicitantes de asilo. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el Clan habría matado a un “guía” acusado de abusar sexualmente de mujeres migrantes”, indicaron.
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