
El 15 de enero de 2023 el Ministerio de Transporte, en cabeza del exministro Guillermo Reyes, expidió el Decreto 050 con el que ordenó no incrementar la tarifa del cobro de peajes en Colombia que se encontraban a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías). Pero ahora se conoció un borrador de decreto con el que los aumentos volverán y se implementarán, de manera gradual, hasta el 1 de julio de 2024.
El anunció causó malestar en varias personalidades públicas en el país, entre ellas, la congresista opositora del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal que calificó al Gobierno de Gustavo Petro como farsante.
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En una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), la senadora Cabal aseguró que el no aumento de las tarifas de peajes en el país obedeció a una estrategia del Ejecutivo para mejorar su imagen a finales de 2022.
En ese momento, según la senadora, el Ministerio de Transporte y el Gobierno nacional congelaron el aumento de los precios que los colombianos debían pagar en los peajes, a pesar, de no contar con un sustento técnico para hacerlo.
La postura de la senadora se dio porque en el decreto que prepara el Gobierno se lee que el Ministerio de Transporte hará un incremento gradual de las tarifas de peaje a los carros que transiten por las vías del país.
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Con el documento que está preparando el Gobierno nacional se derogaría el artículo 1 del Decreto 050 de 2023 con el que se congelaban las tarifas para el pago de los peajes.
Posible desfinanciamiento de proyectos viales
En julio de 2023, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer su preocupación ante los proyectos de infraestructura de transporte en Colombia que podrían estar en riesgo por la falta de reajustes de las tarifas en los peajes del país.
La alarma del Ministerio Público tiene que ver con lo que consideró como una “inminente lluvia de demandas” que se darían por la congelación de los reajustes del pago que los conductores deben hacer en los peajes.
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Por tal razón, la Procuraduría citó a una mesa de seguimiento al Invias, a la ANI, al Ministerio de Transporte, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Hacienda y a la Cámara Colombiana de la Infraestructura para que ejecutar la planeación y estimación de partidas presupuestales para garantizar los servicios viales en Colombia.
Según explicó el ente investigador, entre los riesgos que se pueden presentar está el déficit que alcanzaría los $900.000 millones que no se recaudaron en los peajes del país que no registraron un aumento en sus tarifas por el Decreto 050 de 2023 con el que se buscaba contrarrestar el impacto negativo por la inflación del sector económico que alcanzó una variación anual del 27.81% en diciembre.
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Esto, según explicó el Ministerio Público, podría generar una gran cantidad de demandas en contra del Estado, porque se estarían incumpliendo los compromisos contractuales, lo que llevaría a una ausencia de confianza en el mercado de la infraestructura, lo que afectaría de manera directa las finanzas de todos los colombianos.
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