Los siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc anunciaron que cumplirán la sanción impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque advirtieron que revisarán la sentencia junto con su equipo jurídico antes de emitir un pronunciamiento de fondo.
La decisión se conoce pocas horas después de que la Sección de Apelación confirmara, en segunda y última instancia, la primera sanción propia impuesta por el tribunal transicional dentro del Macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por esa antigua guerrilla.
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Exjefes de las Farc anuncian que cumplirán la decisión de la JEP
De acuerdo con Semana, a través de un comunicado, los comparecientes del último Secretariado manifestaron que reciben la decisión “con responsabilidad ética y espíritu de cumplimiento”, al tiempo que reiteraron su compromiso con el proceso de justicia transicional.
“Recibimos con responsabilidad ética y espíritu de cumplimiento la sentencia proferida por la Sección de Apelación”, señalaron.
Los excomandantes sostuvieron que la decisión representa un reconocimiento a los avances del Acuerdo de Paz y reafirmaron su disposición para continuar contribuyendo a los objetivos de la justicia restaurativa.
“Reiteramos nuestra plena voluntad de cumplir las sanciones impuestas por la JEP y nos ponemos a su disposición para seguir aportando a la verdad, la reparación de las víctimas y la consolidación de la paz”, indicaron.
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No obstante, aclararon que realizarán un análisis detallado del fallo junto con su equipo de defensa, pese a que la sentencia ya quedó ejecutoriada.
“Iniciaremos un proceso de revisión del fallo junto con nuestro equipo de defensa y nos pronunciaremos de manera más amplia en los próximos días”, agregaron.
La JEP confirmó la primera sanción contra el último Secretariado
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la sentencia emitida en primera instancia contra los siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc, luego de resolver las apelaciones presentadas por víctimas, comparecientes y el Ministerio Público.
De acuerdo con El Heraldo, el presidente de la Sección de Apelación, Eduardo Cifuentes, calificó la decisión como “un avance significativo para la Jurisdicción, para las víctimas y para quienes fueron condenados en primera instancia y cuyas penas ahora se confirman de manera definitiva”.
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La decisión cobija a Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’; Jaime Alberto Parra Rodríguez; Milton de Jesús Toncel Redondo; Pablo Catatumbo Torres Victoria; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, quienes integraron la máxima dirección de las extintas Farc.
Los delitos por los que fueron declarados responsables
La JEP confirmó que los siete excomandantes fueron declarados responsables como autores mediatos por dominio del aparato organizado de poder en que se convirtió la antigua guerrilla.
En consecuencia, fueron hallados responsables de los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, así como de los crímenes de lesa humanidad de privación grave de la libertad, asesinato y desaparición forzada.
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Además, cinco de los siete exjefes guerrilleros fueron declarados penalmente responsables por responsabilidad de mando, al establecerse que no evitaron la comisión de otros delitos perpetrados por integrantes de la organización armada.
Entre esos hechos figuran tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos, conductas que también fueron calificadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Según la Jurisdicción, los exintegrantes del Secretariado son considerados los máximos responsables de más de 21.000 secuestros, cometidos entre 1993 y 2016 con fines de financiación de la organización, presión para intercambios de prisioneros y control territorial.
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La sentencia fija restricciones y un cronograma de cumplimiento
La Sección de Apelación también introdujo ajustes a la sentencia de primera instancia con el propósito de hacer más efectiva la sanción restaurativa.
Entre las modificaciones se ordenó incorporar propuestas formuladas por las víctimas, establecer un cronograma territorializado, definir con precisión las actividades restaurativas y fijar restricciones concretas de derechos y libertades durante el período de cumplimiento.
Las sanciones se desarrollarán entre agosto de 2026 y febrero de 2034 en diferentes regiones del país e incluyen labores como desminado humanitario, construcción de monumentos de memoria histórica y otras actividades de reparación dirigidas a las víctimas del secuestro.
La JEP explicó que las sanciones propias no pueden ser indeterminadas, por lo que la sentencia establece horarios, lugares de residencia, municipios de ejecución y actividades específicas para garantizar el componente restaurativo y retributivo previsto en el modelo de justicia transicional.
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