
En octubre de 2023, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció que en sus registros, al menos, 245 medicamentos tenían algún tipo de desabastecimiento en Colombia, mientras que de 33 ya no había existencias.
La Procuraduría General de la Nación se pronunció ante la posibilidad de que con la crisis que se puede generar por la falta de las medicinas se vulnere el derecho fundamental a la salud.
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Por lo tanto, desde el Ministerio Público se instauró una acción popular contra el Ministerio de Salud y Protección Social, y según lo comunicó la Procuraduría, con esta medida se busca proteger el derecho fundamental a la salud y la moralidad administrativa de los consumidores y usuarios en Colombia.
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Esta acción popular dio como resultado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretara una medida cautelar de urgencia con la que le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social y al Invima presentar en un máximo de diez días un plan para resolver la crisis de escasez de medicamentos.
Con la ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso también se le solicitó al ministerio y al Invima priorizar el diligenciamiento y la resolución de más de 27.000 gestiones para garantizar que el país esté en capacidad de producir medicinas.
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El desabastecimiento
De acuerdo con el ente investigador, los usuarios en Colombia se han visto afectados por las omisiones del ministerio al no haber expedido el Conpes con el que se pueda establecer una nueva política farmacéutica nacional.
Los Conpes son documentos que están relacionados con la política pública y que tienen como fin solucionar problemáticas transversales en cuya solución participan varios sectores, los cuales, deben ser coordinados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social creado por la Ley 19 de 1958.
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Por tal motivo, la Procuraduría explicó que el Ministerio de Salud no ha expedido el documento, que sigue sin tramitarse, y que fue ordenado por la Ley Estatutaria de la Salud.
El Ministerio Público comentó que espera que el Consejo Nacional de Política Económica y Social sea el encargado de regular el sistema de medicamentos del país, y que se convierta en el responsable de expedir los registros, de verificar la fabricación, importación, comercialización, sistemas de control y la regulación de precios.
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El problema, según explicó la Procuraduría, es que el Invima tiene represados 27.904 trámites de registros sanitarios, lo que tiene preocupado al ente investigador, pues son medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades concretas que afectan a los colombianos.
Entre los trámites a los que no se les ha dado solución se encuentran “nuevas solicitudes de registros sanitarios, renovaciones, modificaciones y autorizaciones de publicidad que han impedido tener en el mercado miles de medicinas como vacunas, anticancerígenos, antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiagregantes plaquetarios, anticonvulsivantes”, de tratamientos o medicamentos que son usados en enfermedades mentales, enfermedades huérfanas o enfermedades catastróficas.
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Con esta medida, la Procuraduría confía en que se pueda garantizar la disponibilidad de los medicamentos y los tratamientos para todas las enfermedades que padecen los colombianos.
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