Nuevos detalles del asesinato de un hombre y su hijo en el norte de Bogotá: era dueño de dos empresas y tuvo esquema de seguridad

Sobre las 8:30 de la mañana del jueves 26 de octubre Carlos Ernesto Gaviria Camacho fue encontrado sin vida dentro de su carro con varios impactos de bala, y en el vehículo también estaba el cadáver de su hijo de 14 años.

Las autoridades investigan la vida del occiso para determinar los móviles del crimen, y en medio de las indagaciones se develó que Gaviria trabajó en la rama judicial, tenía anotaciones judiciales por prevaricato y tuvo esquema de seguridad.

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Según pudo conocer El Tiempo, Carlos Ernesto Gaviria era el único accionista de la empresa Gamma Inmobiliaria S.A.S., encargada de la compra y venta de inmuebles, así como de construcción, remodelación de espacios, arriendos y adelantar procesos de permutación. El negocio tiene un patrimonio aproximado de $1.600.000, según Datacrédito.

Gaviria había heredado la empresa de su esposa, que murió en 2018 por causas naturales, y desde entonces el occiso se hizo cargo del negocio y de su hijo.

Investigadores del caso también le indicaron al medio citado que el abogado era propietario de la empresa 2R Security, que brinda servicios de seguridad informática, construcción de obras de ingeniería, entre otros, y según Datacrétdito de empresas, tiene un patrimonio de $46.641.362.

Carlos Ernesto Gaviria estuvo involucrado en un tercer negocio relacionado con un sacerdote desaparecido en 1996, presuntamente, a manos del Estado colombiano.

De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, el abogado asesinado y otro socio compraron más de la mitad de las acciones de la sociedad Cristo Lector Ltda., clasificada en las bases de dato con actividades económicas de educación, que le había dejado el desaparecido religioso Abel de Jesús Barahona a sus familiares.

En un informe sobre la desaparición del sacerdote, Las 2 Orillas pudo conocer que Barahona había escriturado seis predios a nombre de la sociedad, que posteriormente pasó a manos de su madre y hermanas, y de la cual años después Ernesto Gaviria, junto a otro socio, compraría más de la mitad.

La sociedad se disolvió años después de que Gaviria la adquiriera, pero en 2020 el occiso la revivió y quedó como presidente.

Los uniformados al frente del caso indicaron al diario en mención que Gaviria Camacho tuvo un esquema de seguridad a mediados del 2018 por razones desconocidas, así que ese será uno de los principales enfoques de la investigación, pues esa amenaza contra su seguridad pudo desencadenar en el homicidio perpetrado el 26 de octubre.

La investigación del caso detalló que Carlos Ernesto Gaviria Camacho estuvo involucrado en varios pleitos jurídicos cuando trabajó con la rama judicial. Aunque estuvo acusado de prevaricato, le ganó el caso por el mismo delito contra la jueza Catorce Civil del Circuito de Cali Myrian Arias, a quien acusó de prevaricato por acción en concurso homogéneo y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

El caso duró casi diez años y tuvo como origen un fallo de Arias que ordenaba el embargo de los bienes de Gaviria Camacho para pagar una deuda de $159.260.348 relacionada con la venta de unas acciones; sin embargo, Gaviria Camacho demostró que el avalúo de las acciones fue fraudulento y que en realidad tenían un valor inferior, lo que omitió la jueza en el proceso.

Otros casos en los que estuvo involucrado el occiso estuvieron relacionados con predios en el condominio el Peñón, donde solía ir con sus socios a jugar golf, y la finca el Carmen, que le pertenecía a un primo del sacerdote Abel de Jesús Barahona.