Asesora de un senador y un contratista fueron capturados por la Fiscalía por pertenecer a una red de corrupción que habría manipulado más $9.000 millones en contratos

Como resultado del frente investigativo contra las redes que direccionan la contratación, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos personas que presuntamente hacían parte de un entramado de corrupción que intervino ilícitamente en procesos de contratación realizados en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.

Los imputados serían Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de un senador (del cual se desconoce el nombre) y el contratista Anderson González González. La Directora Especializada contra la Corrupción, la fiscal Martha Alejandra Parra Chavarro les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, ninguno de los dos aceptó los cargos.

Según la Fiscalía, en 2021, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron el contrato interadministrativo N°670 de 2021, por un valor de 48.660 millones de pesos. Basados en lo pactado ‘Proyecta Quindío’ se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. De acuerdo con los elementos de prueba, la señora Rivera Bohórquez, en su rol de enlace de un senador, se comunicó con algunos funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González González y a algunas de las empresas en las que tenía participación.

En ese orden de ideas, se presume que el contratista recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador. De acuerdo con la investigación, por ese favorecimiento se acordó el pago de 1.000 millones de pesos, que iban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intervinieron.

Los 11 contratos comprometidos ascienden a los 9.376 millones de pesos, y fueron suscritos en municipios de Tolima, de la siguiente manera: Purificación, contrato de obra por 1.639 millones y de consultoría por 114 millones para construir vías con placa huella. Mariquita, contrato de obra por 1.981 millones y de consultoría por 139 millones para vías con placa huella. Villarrica, contrato de obra por 1.293 millones y de consultoría por 90 millones para vías en placa huella. Melgar, contrato de obra por 2.125 millones y de consultoría por 148 millones para la pavimentación en concreto rígido de una vía. Piedras, contrato de obra por 1.139 millones y de consultoría por 79 millones para la pavimentación de varias calles. Contrato denominado ‘Tolima Varios’, que correspondía a una consultoría por 629 millones).

Finalmente, como parte de esta nueva línea de investigación, desde el inicio de las actividades de policía judicial la Fiscalía compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para que, en el marco de sus competencias, indague la posible responsabilidad del congresista que encabezaría esta red de corrupción.