
Los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro durante una jornada de Gobierno Escucha, llevada a cabo el 10 de octubre de 2023 en Tumaco (Nariño), no cayeron nada bien en distintos sectores. Durante el encuentro, el mandatario vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) con presuntos actos de corrupción.
“(...) la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno de Santos es un antro de corrupción, hay que decirlo, hay que decirlo porque si no la corrupción nos va a ahogar a nosotros mismos, lo cual significa entonces que no funciona desde el punto de vista, de cómo un campesino solito corta la hoja de coca de x hectáreas, espera un dinero del gobierno que no llega y ahí se fregó”, aseguró Petro.
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Lo dicho por el presidente ameritó un pronunciamiento de exfuncionarios del programa, quienes le pidieron verificar sus fuentes de información y rectificar públicamente. Ahora, desde la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito respaldaron sus declaraciones, afirmando que, aunque el programa no se originó bajo una idea de corrupción, sí terminó presentando presuntos actos contrarios a la legalidad.
“Esta administración pudo evidenciar que, durante las vigencias comprendidas entre el año 2017 y 2021, se celebraron 9 compromisos contractuales entre convenios y contratos, a través de los cuales se comprometieron recursos cercanos a los $793.000.000.000, de los cuales a la fecha, hay 5 siniestrados, con ocasión de las múltiples, diversas y cuantiosas denuncias de los beneficiarios en relación a los incumplimientos de las entregas de insumos, visitas de asistencia técnica, monitoreo y demás actividades contempladas en los compromisos contractuales”, se lee en el documento.
A esto se suman otros 23 mega proyectos que empezaron a ejecutarse en 2022, cuyo valor invertido fue de $438.000.000.000. No obstante, ahora, seis años después de que iniciara el programa, apenas 386 familias de 99.000 firmantes han recibido todos los componentes del PNIS. Es decir, menos de 4.100 personas se han beneficiado del programa, que, además, estaba proyectado para ejecutarse en un periodo de dos años.
Lo que ha pasado entonces, según el comunicado, es que quienes se dedican al cultivo de hoja de coca para la producción de cocaína se acogieron a la erradicación voluntaria de 46.000 hectáreas, con la esperanza de luego poder echar a andar diversos proyectos productivos. Sin embargo, eso no pasó. El problema, al parecer, yace en la falta de voluntad política, por violación al principio de planeación y por incumplimientos de los operadores.
“Es por eso que seis años después del inicio del programa, es un rotundo fracaso. Los territorios Pnis siguen igual, sin transformación integral y sin una inversión seria del Estado. De hecho, persisten -y en algunos casos han aumentado- los cultivos de coca, que aparecen como un índice irrefutable de pobreza extrema, falta de oportunidades y violencias exacerbadas contra las poblaciones rurales y firmantes del acuerdo de sustitución”, añade.
Adicionalmente, se asegura que desde diciembre de 2022 se han recibido varias quejas de beneficiarios, sobre insumos en mal estado, elementos con valores cuyo precio superan los comerciales, ganado enfermo, maquinaria que no funciona, ente otras cosas. Estas denuncias han sido remitidas a los organismos de control y vigilancia competentes.

En consecuencia, la Dirección explicó que se busca que las nuevas contrataciones se hagan con organizaciones sociales de los territorios y no con operadores. Además, dijo que recuperó un “componente esencial”: la gradualidad, para que el Estado cumpla con compromisos específicos antes de obligar a los beneficiarios a sustituir cultivos sin garantías.


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