En una audiencia pública celebrada el 12 de octubre, la Fiscalía imputó a seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que prestaban servicio en la Cárcel Modelo de Barranquilla.
Los delitos que se les atribuyen incluyen concierto para delinquir, concusión, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito de particulares. Estos cargos surgieron a raíz de un presunto esquema de corrupción que habría estado en funcionamiento desde junio de 2021 hasta abril de 2022 en ese centro penitenciario de la capital del Atlántico.
La Fiscalía sostiene que durante este período, los funcionarios del Inpec habrían conformado lo que describen como una “sociedad criminal”. Dentro de esta organización delictiva, se presume que obtuvieron al menos $300 millones producto de los sobornos exigidos a reclusos del patio 2 de la Cárcel Modelo de Barranquilla.
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Los reclusos también habrían sido víctimas de extorsión por otros internos, posiblemente en connivencia con el personal del Inpec que hoy se encuentra bajo arresto.
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Las investigaciones se iniciaron tras las denuncias de dos reclusos que afirmaron que los funcionarios del Inpec les solicitaban dinero a cambio de diversos favores, que iban desde el acceso a habitaciones, hasta la posibilidad de mantener elementos de aseo y, aún más alarmante, permitirles el ingreso de armas y drogas.
El fiscal a cargo del caso informó que estos funcionarios “eran responsables de permitir que las extorsiones ocurrieran, registrándolas mientras ejercían labores de vigilancia en los patios y obstaculizando las quejas de los internos cuando asumían tareas administrativas”.
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Además de los cargos imputados, los acusados habrían obstruido activamente cualquier investigación en su contra. Se alega que trasladaron a los reclusos que denunciaron estas actividades ilícitas y los amenazaron de muerte para forzarlos a cambiar sus testimonios.
Ninguno de los acusados se declaró culpable durante la audiencia de imputación de cargos. La audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada y se programó para el miércoles 18 de octubre.
La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía, que logró la captura de los seis funcionarios del Inpec. Los nombres de los acusados son: Luis Yobani Tovar Ardila, Octavio Márquez Segura, Mauricio Alejandro Acosta Acosta, Álvaro Iván Díaz Cañas, Harold Iván Ramos Bastidas y Darwin Manuel Fernández Salcedo.
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El alcance de estos actos corruptos y su gravedad ha levantado una serie de interrogantes sobre el sistema penitenciario en Colombia y la necesidad de implementar acciones que garanticen la integridad y la seguridad de los reclusos, además la presunta complicidad de algunos reclusos en estas actividades también arroja luz sobre la complejidad de la situación en las cárceles del país y la urgencia de abordar el problema de manera integral, afirma un familiar de uno de los reclusos víctimas de es “sociedad criminal.
“Al interior de esta estructura delincuencial ustedes desplegaron roles consistentes en permitir que los internos pudieran extorsionar a sus cohabitantes de carceletas y posteriormente desplegaron actos tendientes a procurar que los internos que estaban pagando estas cuotas extorsivas a los otros internos del plante, también les realizaran pagos de dádivas y entregas de elementos y servicios a efectos de garantizar que también tuvieran seguridad y habitabilidad al interior de dicho centro carcelario”, mencionó el fiscal en medio de la audiencia.
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Entre tanto, en la audiencia también se explicó como presuntamente estos seis guardias realizaban y permitían las extorciones dentro de la cárcel cuando eran ellos quienes ejecutaban labores de vigilancia y al momento de cambiar de turno y realizar labores administrativas, retenían las quejas de los reclusos para que no se supieran.
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