El Índice Global de Crimen Organizado 2023, publicado por Global Initiative, mostró un panorama preocupante para Colombia al ser un país atravesado por los mayores intereses criminales del mundo, con factores que lo posicionaron en el primer lugar de redes criminales y grupos mafiosos.
El índice aborda varios factores respecto a la criminalidad, dividida entre actores y mercados criminales. En ambos Colombia obtuvo cifras por encima del promedio y de las más altas a escala global.
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De acuerdo con el índice, en cuanto a criminalidad Colombia se ubicó segundo entre 193 países del mundo, y primero entre los países, tanto de América en general, como en comparación con el conjunto Sudamérica.
En cuando al tráfico de cocaína, uno de los factores que indicen en el puntaje de criminalidad, Colombia fue descrita como el país con la mayor presencia en el mercado de ese narcótico en el mundo. El narcotráfico es el mercado criminal más presente en Suramérica y Centroamérica, que alcanzaron un índice de 8.29 y 7.81 respectivamente sobre 10.
Colombia superó ese promedio de la región con un índice de 9.50, cerca de Brasil, México, Venezuela y Perú. De acuerdo con Global Initiative, la expansión del mercado de la cocaína en América Latina y el Caribe ha dejado poco espacio a otros, como por ejemplo la heroína.
Ese no fue el único factor en el que Colombia destacó, negativamente, en el índice. Junto a Bolivia, Ecuador, Panamá y Perú se ubicó entre los países con mayor perpetración de crímenes en contra de los recursos no renovables.
En este caso, el índice consideró la incidencia de las redes criminales de minería ilegal, principalmente de oro que se encuentran en la región de las Américas, que alcanzó un índice de 6.58 con un crecimiento notable. Colombia, en ese panorama, enfrenta grupos que tienen esa explotación ilícita como una fuente de financiación.
Otro de los factores que mayor incidió en el puntaje que obtuvo Colombia fue el tráfico humano. Aunque México lidera las redes de trata de personas en la región, las redes se han multiplicado y el territorio colombiano se ha convertido tanto país de destino como de origen de este tipo de delitos.
De acuerdo con Global Initiative en Colombia se han establecido redes de trata de personas que trafican mujeres hacia el continente asiático, así como otros grupos criminales, como el clan del Golfo, que dominan la frontera con Panamá y el Darién, donde tienen acceso a otros negocios ilegales.
México obtuvo en el ranking para tráfico de personas 8.0 y para trata de personas 9.0. Colombia se ubicó muy cerca de los valores con 8.0 para trata y 7.50 para tráfico, lo que lo ubicó en el segundo lugar en la región.
“Las redes criminales en las Américas desempeñan un papel destacado en el escenario mundial, y Colombia, México y Perú se ubican entre los cinco primeros países a nivel mundial en este indicador. Colombia ocupó el primer lugar en el mundo en redes criminales (9,50), con igual puntuación en grupos de estilo mafioso. Venezuela está a la par de Colombia en el indicador de grupos de estilo mafioso, seguida de cerca por México (9,0), Honduras (8,50), Haití (8,50) y El Salvador (8,50)”, determinó el análisis de Global Initiative.
Las redes y grupos criminales que controlan estos negocios ilícitos en México, Colombia y Brasil o Venezuela no se limitan a sus territorios. También extenderían sus operaciones a otras naciones vecinas, por ejemplo a Ecuador en el tráfico de cocaína e incluso Chile.
Pese a las cifras negativas de criminalidad, Colombia obtuvo también valores positivos en cuanto a resiliencia, el índice que evalúa las medidas adoptadas para combatir las amenazas del crimen organizado.
En ese aspecto, Colombia fue uno de los únicos 12 países que mostraron alta resiliciencia y alta criminalidad, junto a China, Costa Rica, Francia, Italia, Malasia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, España, Estados Unidos y Reino Unido.
En este aspecto se destacaron iniciativas gubernamentales como el liderazgo presidencial, el acuerdo de paz alcanzado con las Farc, las políticas de combate a los grupos armados, la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito. Así como la transparencia del Gobierno nacional, aunque con bajas cifras en cuanto a corrupción y alta impunidad.
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