El robo de combustible en el Ejército es una de las formas de corrupción que desangra las arcas de la institución y las autoridades tienen la lupa puesta en los casos de ese tipo.
Por eso, la Fiscalía judicializó al coronel Jorge Armando Rodríguez Malaver, al mayor José Weimar Agreda Romero, y al exsuboficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Jorge Andrés Sandino Rojas, quienes están implicados en un millonario robo de gasolina.
De acuerdo con el ente acusador, en total fueron 23.000 galones de gasolina los que se robaron los exmilitares, luego de que la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) los donara a la institución armada en 2016.
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La investigación estableció que para la fecha de los hechos el coronel Rodríguez Malaver y el mayor Agreda Romero se desempeñaban como comandante y subcomandante, respectivamente, del Batallón de Alta Montaña #2, ubicado en El Espino (Boyacá), que fue beneficiado con la donación de la Dian.
En octubre del 2016 los oficiales recibieron en Cúcuta (Norte de Santander) 13.780 galones de ACPM valorados en 64 millones de pesos, pero en vez de llevarlos hasta Boyacá para usarlos en los vehículos del ejército, le ordenaron al suboficial Sandino Rojas que no lo llevara hasta el batallón y que lo transportara hasta Tuluá (Valle del Cauca), donde fue comercializado en una estación de gasolina por 25 millones de pesos.
Una segunda entrega se registró en noviembre del mismo año, cuando los militares recibieron una donación de 9.420 galones de gasolina y 266 galones de ACPM, avaluados en casi 60 millones de pesos. De la misma forma, el comandante y subcomandante del Batallón de Alta Montaña #2 le indicaron al integrante de la Fuerza Aeroespacial que llevara el combustible hasta la misma estación de gasolina en Tuluá, donde vendieron la gasolina y el ACPM por 30 millones de pesos.
“En las verificaciones realizadas por los investigadores, se detectó que posiblemente los procesados consiguieron una certificación falsificada para simular que el combustible donado había sido guardado en un depósito de una estación de gasolina en Tunja (Boyacá), con el objetivo de presentarla en la inspección que regularmente realizan funcionarios de esa institución”, sostuvo el ente acusador.
Los tres militares fueron imputados con los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, pero durante la audiencia se declararon inocentes.
“Un fiscal adscrito a la unidad de administración pública de la seccional Boyacá imputó a los procesados de acuerdo con su participación y grado de responsabilidad en los hechos (...) Estas personas no se allanaron a los cargos y continuaron vinculadas al proceso”, declaró Lizeth María Franco Reyes, directora de la seccional Boyacá de la Fiscalía.
Desarticularon otra red de robo de combustible en el Ejército
A inicios de septiembre las autoridades confirmaron la captura de cinco militares activos y dos civiles, señalados de integrar una red de robo de combustible dentro de las Fuerzas Armadas y fueron procesados por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Los uniformados detenidos fueron identificados como el teniente coronel Rafael Ignacio Sosa Gil, el mayor Walter Andrés Clavijo Navarro y los sargentos Víctor Alfonso Luna Galindo, Whender Esthid Pérez Quintero y Víctor luna Galindo.
Las investigaciones indican que los uniformados y los civiles desviaron recursos en la ejecución de un contrato para el suministro de combustible, grasas y lubricantes en el municipio de Zarzal (Valle del Cauca) en diciembre del 2020.
Según las autoridades, el convenio estaba pactado entre el ejército, la Alcaldía del municipio en mención y la sociedad privada Fonset, que recibió el pago completo del contrato, pero que solo ejecutó el 40% del mismo, dejando sin abastecimiento de combustible a la base militar en abril del 2021. Adicionalmente se pudo establecer que vehículos no oficiales fueron tanqueados de forma irregular en el batallón.
“La institución seguirá facilitando todo el apoyo necesario a las autoridades judiciales competentes, puesto que la investigación continúa en curso y goza de reserva legal; de igual forma, se dará inicio a las indagaciones disciplinarias internas a que haya lugar”, sostuvo el Ejército en su momento.
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