
Se siguen conociendo más detalles del ataque a la población civil de la vereda de Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta (Córdoba), por parte de miembros de la Brigada 11 del Ejército Nacional. Hecho por el que fueron apartados once uniformados de la institución castrense, aunque este número podría aumentar a 20.
El diario El Tiempo reveló el martes 19 de septiembre de 2023 que un teniente que hace parte de la investigación adelantada por la Inspección General del Ejército por este hostigamiento, y que ya fue interrogado por parte de Procuraduría, hizo denuncias sobre supuestos casos de corrupción dentro de las tropas, además de lo que serían los nexos con el Clan del Golfo.
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Se trata de Felipe Niño Barbosa, que oficiaba como comandante de compañía del Batallón Junín, relacionado con la Brigada 11, y que estaba a cargo del pelotón que entró a esta población a amedrentar a los moradores, disfrazados con capuchas y otros elementos para hacerse pasar por miembros de disidencias de las Farc. Y que, no contentos con ello, obligaron a los habitantes a cavar lo que, según sus testimonios, serían sus propias tumbas.
El testimonio de Niño Barbosa sobre lo sucedido en Tierralta
En sus declaraciones, el oficial, que se presentó el 15 de septiembre ante las autoridades, cuatro días después de que se registró hecho, confesó que perdió el control del grupo que estaba bajo su mando justo cuando llegaron a la población en la que se produjo el grave incidente; por el que ya once militares fueron suspendidos de sus cargos, mientras se adelantan las investigaciones.
“Se les había dado la misión de desarrollar acciones contra estructuras del grupo armado Clan del Golfo (...) El grupo se dividió en dos. Yo me quedé con 13 soldados profesionales y el resto fueron los que ingresaron a la zona”, indicó el teniente en declaraciones replicadas por el citado medio de comunicación.
Llamó la atención, según la versión periodística, que tras entregar su testimonio sobre lo sucedido ese día, el teniente —a través de su apoderado— presentó una incapacidad médica de un mes, alegando un cuadro de tipo psiquiátrico; por lo que no puede ser separado del Ejército Nacional, pues se configuraría una vulneración a sus derechos, aunque sigue vinculado a la investigación.
Asimismo, se supo que habrían sido dos los sargentos tras esta deserción los que dieron las instrucciones para que la tropa arremetiera en esta población y se hiciera pasar por una columna disidente de las Farc. Uno de ellos se identificó como el sargento viceprimero Aldana, el cual —según se reseñó en el artículo— ya rindió testimonio ante la Inspección General del Ejército, al igual que un cabo y ocho soldados.

¿Por qué la Procuraduría suspendió a once militares?
En su determinación, el Ministerio Público —mediante comisión especial enviada a la zona— halló motivos de peso para apartar de sus cargos a un teniente, un sargento viceprimero, un cabo segundo y ocho soldados profesionales, quienes pertenecen al Batallón Junín No. 33 del Ejército, adscrito a la Brigada 11.
La Procuraduría informó que se logró identificar a los militares que habrían cometido las delicadas violaciones al derecho internacional humanitario. Como se pudo apreciar en las imágenes, los residentes, en su mayoría campesinos e indígenas de la étnica emberá, fueron amenazados, intimidados y maltratados de manera verbal y física.
Finalmente, el ente de control indicó que buscará pruebas adicionales de los involucrados en el caso, incluidos antecedentes disciplinarios y una certificación de si el pelotón del que formaban parte tenía a su cargo operaciones militares encubiertas. Y, en caso de que así fuera, la autorización que comprobara que habían autorizado el uso de estas estrategias militares en esta región.
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