
Durante tres días se llevó a cabo la audiencia de reconocimiento de verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra 21 exmilitares que hicieron parte de la XVI Brigada del Ejército y que tuvieron participación en 296 crímenes extrajudiciales (’falsos positivos’) en Casanare durante 2005 y 2008.
Al cierre de la última jornada (miércoles 20 de septiembre), los comparecientes aceptaron su grado de responsabilidad por el asesinato de civiles presentados después como guerrilleros abatidos en combate. En ese sentido, el mayor general (r) Henry William Torres Escalante también reconoció su intervención en estos crímenes.
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Ante familiares de víctimas y la magistratura, el ex alto mando militar también pidió perdón por su actuar dentro del Ejército y la brigada. “En honor a esas personas que murieron entre 2005 y 2008, más que nunca acepto mi máxima responsabilidad como máximo comandante. Después de haber conocido todas las atrocidades que se estaban cometiendo allá, yo tenía el poder para haberlas parado y no lo hice; por el contrario”, expuso.
Asimismo, volvió a mencionar que entregó estímulos, motivó y premió a los uniformados bajo su mando para que se siguieran cometiendo estos crímenes en Casanare. También aceptó los reclamos de las víctimas y confesó que no bastaba con los aportes de verdad hechos por todos los comparecientes en los tres días de diligencia.
De acuerdo con el expediente de la JEP, Torres Escalante es máximo responsable de por lo menos 146 asesinatos cometidos en 141 eventos de resultados operacionales durante el tiempo que estuvo al frente de la comandancia de la Brigada. En ese orden, fue imputado por delitos de lesa humanidad (homicidio en persona protegida y desaparición forzada) y crímenes de guerra.

Las investigaciones del tribunal especial también precisaron que impulsó el plan criminal hallado por la Sala de Reconocimiento de Verdad a través de las órdenes emitidas en calidad de comandante. De los asesinatos perpetrados, 138 fueron contra civiles presentados como no identificados entre el 15 de diciembre de 2005 y el 27 de mayo de 2007.
“Estas víctimas fueron asesinadas en operaciones de entrega controlada, otras fueron engañadas o retenidas, y asesinadas por hombres pertenecientes a las unidades bajo su mando”, según la JEP, para cumplir con las exigencias de Torres Escalante de presentar resultados operacionales y “suprimir” a ciudadanos estigmatizados o señalados de participar en actividades ilegales o insurgentes.
De hecho, en el segundo día de audiencia confirmó la declaración hecha por el teniente (r) Marco Fabián García, que afirmó que Torres le había entregado 45 millones de pesos a cambio de mentir ante la justicia ordinaria.
“Debo reconocer que soy responsable de haber entregado el dinero que dice el teniente García cuando se encontraba detenido en el CRM, eso fue para los años 2013 y 2014. Lo hice sabiendo que estaba cometiendo un acto ilegal”. A pesar de esta confesión, el compareciente dijo que esa suma fue ofrecida porque el teniente (r) había entregado un falso testimonio en la jurisdicción ordinaria, el cual derivó en su captura mientras estaba en servicio.
En la ronda final de la tercera jornada, otros comparecientes reconocieron ante las víctimas que sus familiares no eran integrantes de grupos guerrilleros como los exmilitares los hicieron pasar.
“Nosotros convertimos a sus familiares en subversivos, ustedes son campesinos, personas de bien. Estoy diciendo la verdad y me faltó tiempo y familias acá, pero estoy diciendo la verdad”, confesó uno de ellos.
Tras la audiencia, el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento, sostuvo que esta fue “histórica para el territorio y el país” y reconoció que por primera vez un mayor general del Ejército reconoció ante el tribunal su máxima determinación en los crímenes extrajudiciales cometidos.
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