Proyecto del Gobierno Petro que busca crear cárceles productivas enfrenta problemas: el Consejo Superior de Política Criminal no le dio el aval

Un concepto desfavorable fue emitido por el Consejo Superior de Política Criminal (Cspc) al proyecto de ley que intenta crear una política pública para volver productivas las cárceles de Colombia. Aunque el proyecto ya se encuentra en el Congreso de la República, el rechazo del órgano podría implicar un retroceso en los próximos debates legislativos por los que pasará la propuesta.

Y es que a pesar de los elogios que recibió la iniciativa por parte del Cspc, como la articulación del Inpec con entidades privadas y públicas para propiciar espacios productivos a los privados de la libertad, además de la creación de beneficios a las entidades que se acojan a la política porque promueven la integración social, también fue enfático en decir el articulado del proyecto pretende originar reformas innecesarias.

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Según el Consejo, las propuestas que plantea dicha política podrían cumplirse sin la necesidad de más normas legales, ya que dichos aspectos ya se encuentran incluidos de forma general en el Código Penitenciario y Carcelario. Es decir, que desde ya se podrían aplicar reformas al modelo productivo de las cárceles, sin que el Congreso deba aprobarlo.

Así mismo, el Cspc determinó que muchos de los artículos del proyecto solo dan mecanismos para regular las normas vigentes, más no hace un cambio de fondo al modelo existente. Además, destacó que en el país ya existen miles de reclusos que aportan sus habilidades en diferentes campos, como gastronomía, carpintería y costura, entre otros.

“De acuerdo con información del INPEC, con corte a mayo de 2023 había 2.101 personas privadas de la libertad participando en actividades de trabajo indirecto apoyando el funcionamiento de procesos de preparación y distribución de alimentos en establecimientos de reclusión, y 961 en actividades laborales a través de convenios con entidades públicas o privadas diferentes al instituto. De esta forma, actualmente casi 3.000 personas privadas de la libertad realizan actividades laborales a través de esta forma de vinculación con sustento en el marco normativo existente”.

Desde la perspectiva del Consejo de Política Criminal, aunque en dicha política sí se aborda los desafíos relacionados con la sobrepoblación en las prisiones y presenta datos estadísticos y cualitativos sobre los programas de reinserción y las labores penitenciarias, finalmente no se encuentra una razón de peso para crear una reforma de ley.

“No se explica por qué el marco normativo vigente es insuficiente para desarrollar una política como la que se propone mediante una reforma legal, ni tampoco por qué las reglas que se proponen, por el contrario, son idóneas y necesarias en ese sentido”, señala el documento.

En el plano económico, la iniciativa tampoco sugiere una restructuración de los fondos ni las fuentes de ingresos asignadas actualmente para cubrir dichos costos. De hecho, la creación del Fondo de Sostenimiento del Programa de Cárceles Productivas que plantean, estaría financiado con los mismos recursos que recibe el Inpec para adelantar sus programas.

“Se estima oportuno diversificar las fuentes de financiación de ese fondo pues pareciera que la única fuente nueva de recursos es la retención del 5% de la remuneración a los privados de la libertad, lo cual difícilmente sería suficiente para sostener la implementación de una política y la adquisición de bienes requeridos para que esta funcione adecuadamente y con mayor alcance”, aparece en el informe.

Finalmente, la política pública contempla ciertos criterios de “elegibilidad” para que los reclusos puedan hacer parte del programa, un aspecto que para el Cspc carece de toda igualdad y excluiría a una población. “Una política de vinculación laboral para la población privada de la libertad debería tener una pretensión de acceso generalizado e igualitario, o tener unas pautas de selección claras, en lugar de dejar la participación a discreción de los directores de establecimientos de reclusión”

Aunque el concepto desfavorable que emitió el Consejo Superior de Política Criminal no resulta vinculante en el trámite legislativo que se adelanta en el congreso, lo cierto es que varios de sus miembros hacen parte del congreso y podría significar que se pida un ajuste o, en el peor escenario, que se hunda la reforma. Sin embargo, el proyecto ya fue aprobado en segundo debate y tendrá hasta el final de la legislatura, en junio de 2023, para ser aprobada.