Procuraduría terminó comisión extraordinaria en Tierralta, Córdoba: 32 diligencias serán investigadas por presuntos hostigamientos de miliares

Después de finalizar la visita en Tierralta, Córdoba, la Procuraduría señaló que iniciará investigación disciplinaria en 32 diligencias obtenidas de la comunidad, después de analizar las versiones, declaraciones, testimonios de la comunidad y de hacer varias inspecciones, en el caso de presuntos hostigamientos por parte de militares del Ejército Nacional a los pobladores de la zona.

Así lo dio a conocer el delegado de Derechos Humanos y coordinador de la comisión, Javier Sarmiento, quien señaló que se “evaluará la información recolectada, con el fin de adoptar, en la mayor brevedad posible, las respectivas decisiones disciplinarias que den a lugar”.

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Dentro de los hallazgos del órgano de control, se encuentran una par de denuncias de los habitantes que coincidirían en que los hostigamientos y las intimidaciones por parte de miembros del Ejército Nacional se han efectuado desde 2021, sin que ninguna entidad tuviera conocimiento. Así se dio a conocer en una rueda de prensa del delegado realizada el 15 de septiembre.

Ante las decenas de irregularidades encontradas por la Procuraduría General de la Nación, la entidad señaló que investigará minuciosamente cada una de las 32 diligencias, además de hacer copias de los expedientes a los ministerios que sean pertinentes y que resuelvan la crítica situación que denunciaron en Tierralta.

En el caso que ha generado la indignación de diferentes sectores políticos del país, el Ejército Nacional también confirmó que son al menos diez los militares involucrados en esta violación a los derechos humanos de la población cordobesa. “Son diez los militares comprometidos, quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que se ha podido identificar”, señaló el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, en los últimos días.

Según señaló el uniformado, a los soldados que participaron en la incursión ilegal contra la población se les retiró del cargo, así como se les impuso la prohibición de portar armas, mientras que los uniformados que se encontraban a cargo del equipo fueron privados de adelantar cualquier misión de liderazgo hasta que las autoridades no concluyan su inocencia, o responsabilidad, en el caso.

De igual forma, Ospina detalló cuál sería la autoridad competente que tramitará penalmente los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2023. “Al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que, según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación”, concluyó el uniformado.

Por su parte, desde la institución militar también se ordenaron medidas urgentes para los presuntos implicados que, según comentaron, habían recibido en días pasados varios formación sobre derechos humanos, por lo que tenían pleno conocimiento de las violaciones que implicaba su actuar.

“Inmediatamente se conoció la información, se desplazó una comisión inspectora, y ya se encuentra en el lugar de los hechos verificando los procesos y procedimientos efectuados por parte de la unidad militar”, señaló el Ejército Nacional en un comunicado.

Igualmente, recalcó los valores de la institución y su compromiso por retirar a todo aquel que atente contra los principios de las Fuerzas Militares de Colombia. “Este comando rechaza este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, concluye el documento.