Un juez de Bogotá envió a la cárcel al policía de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) Fredy Alexander Gómez Bustamante, y su fuente humana, el mecánico Rafael Ricardo Santos, por su participación en las interceptaciones ilegales a Jhonson Pineda, el Nene, y Lucelia Robles Arrieta, amigos de Marelbys Meza: exempleada de la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia.
Así lo confirmó el abogado penalista Iván Cancino, que defiende los intereses de Meza, a través de una publicación en su cuenta de X (Twitter), en la que entregó importantes novedades con respecto a los sujetos que son investigados por los delitos de falso testimonio y fraude procesal. Siendo este un caso que ha despertado la atención nacional, pues la mujer fue sometida, además, a pruebas del polígrafo.
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Lo anterior, en lo que concierne al episodio de hurto ocurrido el 29 de enero de 2023 en la residencia de Sarabia. Mientras ella, la directora del DPS señaló ante las autoridades el robo de una maleta con 7.000 dólares en su interior, su exniñera indicó que dicha cifra era del orden de los $150 millones; lo que levantó las sospechas de los medios de comunicación.
A su vez, dejó en claro que esta situación, lejos de alegrarlo, es un paso hacia adelante en su deseo en que las “chuzadas” que se llevaron a cabo en contra de Meza, pues recalcó que es una misión de la justicia que “la verdad salga a la luz rápidamente”.
Cabe destacar que en este caso están involucrados Alfonso Quinchanegua, que se desempeña como intendente de la Sijín de la Policía de Bogotá; al igual que los patrulleros Dana Alejandra Canizales y Jhon Fredy Morales Cárdenas. A ellos se suma el capitán Carlos Andrés Correa, que fue mencionado en las investigaciones.
Ordenaron investigación contra supuesta red de tráfico de fuentes humanas
Sobre el particular, la Fiscalía General de la Nación confirmó el 5 de septiembre de 2023 la apertura de una nueva línea de investigación para determinar si dentro de Sijín de la Policía Nacional, en efecto, existe una red de tráfico de fuentes humanas, que tendría como fin pagar recompensas ofrecidas por la entidad.
De acuerdo con la acusación, además de las personas involucradas en el caso de las chuzadas, habría una trama criminal que buscaría beneficiar a individuos mediante la distribución de los fondos obtenidos por las recompensas. La Fiscalía tuvo sospechas y ordenó investigar estas informaciones.
Los uniformados son acusados de alterar un informe policial para que los números de Meza, y de la otra empleada de Laura Sarabia, la señora Fabiola Perea, fueran incluidos a una investigación que se hizo en contra de Wílmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas, que era cabecilla del temido Clan del Golfo. Ambas mujeres fueron relacionadas al informe con los alias de La Madrina y La Cocinera, respectivamente.
“A ese nivel hemos llegado: que los mismos miembros del grupo de hurto estén buscando que otros oficiales para que no se sienten ante las autoridades. Recordemos que aquí se ha predicado un desarrollo delictivo en coautoría que esas personas sientan temor por sus vidas”, reiteró en su argumentación la fiscal de este proceso.
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