
Cauca ha sido noticia en los últimos días por cuenta de diferentes actos de violencia registrados en el territorio, como la toma del municipio de Jambaló y el posterior saqueo de un cajero del Banco Agrario por parte de las disidencias de las Farc. Sin embargo, la grave crisis humanitaria que se registra en el departamento se presenta desde hace meses y ha afectado en gran medida a la población civil.
En una radiografía divulgada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), una organización sin ánimo de lucro de carácter consultivo para la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), evidencia que 3.051 personas han sido desplazadas forzosamente de sus territorios entre enero y junio de 2023.
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Las víctimas han tenido que huir en tres desplazamientos múltiples y masivos, los cuales se han registrado en zona rural del municipio de Argelia. No obstante, esta no es la única zona del departamento afectada por violencia. Según la Condhes, otros 17 municipios se han visto gravemente impactados por las acciones de actores armados al margen de la ley.
En todo el departamento, más de 4.800 personas han sido víctimas de por lo menos 10 eventos de confinamiento y restricciones a la movilidad. De ellos, en cuatro se vulneraron los derechos del pueblo indígena nasa. La subregión del norte del Cauca ha sido la más perjudicada por estos hechos.
Además, la Codhes registró cuatro masacres cometidas en el departamento en el primer semestre de 2023, dejando un saldo de doce víctimas. A ellas se suman los 17 líderes sociales que han sido asesinados en los primeros seis meses del año. Tres de ellos pertenecían a comunidades afrodescendientes, y siete a pueblos indígenas. En total, el 58,8% de los homicidios fue cometido en contra liderazgos étnicos.

La crisis humanitaria en el departamento ha sido conocida incluso por más de 20 organizaciones internacionales, que emitieron un comunicado el 28 de agosto de 2023, en el que solicitaron “actuaciones urgentes” para proteger la vida de los habitantes. La comunicación fue divulgada por la Oficina de Washington para América Latina (Wola, por sus siglas en inglés).
Por eso, instaron al Gobierno nacional a adelantar procesos de diálogo de paz con los diferentes actores armados que hacen presencia en el departamento y, además, evaluar y prestar atención a los riesgos que suponen las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre para la sociedad civil.
En ese sentido, alegaron que se es urgente que las autoridades respectivas puedan garantizar la protección y a la vida de los votantes, así como de las personas que participarán de los comicios en calidad de candidatos. Adicionalmente, las organizaciones hicieron un llamado al Estado colombiano a hacer frente a la crisis humanitaria, fortaleciendo su presencia institucional en las zonas donde se requiere.
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