
Un nuevo capítulo en el escándalo que salpica a la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, y en especial a su exniñera Marelbys Meza, se conoció el martes 12 de septiembre de 2023, y estaría relacionado con la petición de un fiscal de practicar una interceptación ilegal a la exempleada, el mismo día en que fue sometida a la prueba del polígrafo.
Según indicó Blu Radio, el fiscal Óscar Fernández Gutiérrez fue el que avaló el procedimiento en los celulares tanto de Meza como de la otra trabajadora de Sarabia, Fabiola Perea, lo cual causó revuelo debido a que, por ese entonces, Sarabia era la jefa del Gabinete de Presidencia; en otras palabras, la mano derecha del jefe de Estado, Gustavo Petro.
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En una declaración que se extendió por hora y media, Fernández reconoció que dio vía libre a las “chuzadas” a las mujeres en el mismo momento en que a Meza se le practicaba la prueba del polígrafo; es decir, el lunes 30 de enero de 2023: un día después de que se reportara el robo de una maleta con dinero en su interior, que —según la versión de la mujer— tenía $150 millones.

Marelbys fue señalada como responsable del hurto, en un caso puesto en manos de efectivos de la Policía adscritos a la seguridad de la funcionaria. La petición para llevar a cabo la intercepción la recibió del investigador John Fredy Morales y el capitán de la Dijín, Carlos Correa; que, según él, indicaron que las mujeres eran colaboradoras del Clan del Golfo.
Cabe destacar que Meza fue denominada con el alias de La Madrina, mientras que Perea fue llamada La Cocinera, y según los uniformados hacían parte de uno de los anillos de seguridad de Wílmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas, que por ese entonces era cabecilla de la organización al margen de la ley.
Interrogantes tras la “chuzada” a Marelbys Meza
La revelación de Blu Radio dio pie para que surgieran una serie de preguntas con respecto al caso, pues causó extrañeza la celeridad en la decisión de intervenir la línea telefónica de Marelbys Meza, en el caso en el que fue involucrada. Y que esta determinación se tomara justo en el instante en que la mujer era interrogada con electrodos sobre el robo en cuestión.
Al respecto, el delegado del ente acusador manifestó que el informe judicial que fue allegado a su despacho contaba con el acervo que requería para avanzar en el caso y ordenar las interceptaciones. Y contó el instante en el que recibió un correo electrónico, proveniente de Morales y Correa, en el que se contenían documentos que respaldaban la petición.

En dichos archivos se encontraba el perfilamiento de Meza y Perea. Tras revisar los documentos, y no hallar alguna anomalía, Fernández Gutiérrez respondió de manera afirmativa a la solicitud a las 4:55 p. m. de aquel 30 de enero de 2023. Como venía trabajando desde hace un año con los oficiales, el fiscal no consideró sospechoso este trámite, que se efectuó.
Solo ese día, en el que le pidieron intervenir esas dos líneas telefónicas, fue cuando el representante del ente investigador escuchó, por primera vez, los mencionados alias, cuando los relacionaron en el informe, con su respectiva fuente: el mecánico Rafael Ricardo Santos, que también fue relacionado a la investigación.
Por último, el fiscal reconoció que no requirió a los investigadores para que justificaran el motivo de incluir las líneas de las dos exempleadas a una indagación que se hacía sobre el Clan del Golfo. Y luego se percató que esas interceptaciones ya no estaban dentro de la cadena de custodia, por lo que pidió se ubicaran los dispositivos magnéticos de las grabaciones.
El 9 de febrero de 2023, es decir, 10 días después del aval a la interceptación, el mismo Fernández Gutiérrez dejó constancia de que los dos abonados telefónicos ya no eran objeto de escuchas. En las “chuzadas” también fueron intervenidos los números de Yhonson Pineda y Lucelia Torres, amigos de Marelbys Meza.
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