Clan del Golfo, ELN y disidencias de Iván Mordisco, los grupos que más hechos violentos perpetraron en 2023

En un segundo informe de seguimiento y balance del contexto humanitario, la Coordinadora Humanitaria, conformada por cerca de 700 organizaciones sociales en diversos territorios del país, indicó las acciones violentas registradas entre enero y junio de 2023. Según el balance, tres grupos armados perpetraron en ese periodo la mayor cantidad de afectaciones contra civiles.

El documento tuvo en cuenta los decretos de cese al fuego bilaterales firmados por el Gobierno nacional el 31 de diciembre de 202,2 a pesar de que los establecidos con el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central de las Farc (EMC) fueron levantados por el presidente Gustavo Petro ante las constantes violaciones.

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En ese orden, el análisis registró un total de 629 acciones violentas durante el primer semestre, de las cuales 227 fueron entendidas como ataques contra la vida de civiles; 141 afectaciones contra líderes y lideresas sociales y 134 casos de restricción a la movilidad.

En este periodo, también se registró un total de 436 violaciones a los mecanismos de cese al fuego con mayor incidencia en cinco departamentos y regiones: Caribe (88 casos); Antioquia (52); Catatumbo y Cauca (44) y Arauca con 35 hechos.

Con respecto a los responsables de estas infracciones, el informe presentado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá precisó que las también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la disidencia al mando de Iván Mordisco y el ELN fueron los máximos responsable de estos hechos con 181, 141 y 138 acciones armadas respectivamente.

En ese sentido, para los líderes sociales María Eugenia Mosquera y Diego Portocarrero, es importante no solo hacer veeduría del cese bilateral con el ELN, sino establecer mecanismos similares con otras estructuras armadas presentes en territorios analizados por el informe y con permanente riesgo de violencia.

“Lo que estamos planteando es que, si bien hay un diálogo nacional con el ELN y se emiten unos compromisos que salen de la mesa, los que vivimos en el territorio a veces no nos sentimos aliviados porque no sentimos el efecto de lo que se anuncia”, manifestó Portocarrero, defensor de derechos humanos de Buenaventura.

De paso, pidió no “repetir la historia” del Acuerdo Final de Paz con las antiguas Farc y no olvidar las zonas del país que ahora son ocupadas por reductos de la guerrilla y otras estructuras armadas.

“Cuando se hizo el diálogo con las Farc vimos pasar la paz, pero no se quedó. Yo vi salir el frente 30 de las Farc con banderas y dijimos ‘ahora sí‘, pero se convirtió en un sofisma. Esta vez queremos que la paz sea una realidad en los territorios, pero que no se repita la historia”, añadió el líder social, solicitando de paso mayor participación civil en la mesa de diálogos con el ELN.

Marzo, el mes más violento

De las 629 acciones violentas registradas en los territorios durante el primer semestre, 126 ocurrieron en marzo, seguido por junio con 122 ataques contra civiles, líderes sociales y la fuerza pública. Mayo fue el tercer mes con mayores índices de violencia, con 108 hechos y febrero, enero y abril con 99, 93 y 81, respectivamente.

El informe también reveló que otros actores que cometieron afectaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario fueron la Segunda Marquetalia con 34, seguido por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y las Fuerzas Militares con cinco hechos.

Los llamados al Gobierno nacional

Las organizaciones sociales que conforman la Coordinadora Humanitaria solicitaron con urgencia a la administración Petro y a las entidades correspondientes el reconocimiento de las herramientas creadas en los territorios como iniciativa de alivios y acciones humanitarias.

También sugirieron incluir la participación ciudadana “en todos los niveles como elemento fundamental para el desarrollo de mecanismos de participación”. Esto ante la instalación en agosto del Comité Nacional de la Participación que, en primera instancia, busca el involucramiento de la mayor cantidad de actores sociales en la mesa con el ELN.

Otras exigencias están relacionadas con una implementación irrestricta del derecho internacional humanitario para que los grupos armados organizados y las estructuras ilegales cumplan con lo pactado en los decretos de cese al fuego y la selección de comisionados regionales de paz.

Para Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, a pesar de las cifras hay mejores números en comparación de periodos en los que no fueron implementados mecanismos de cese ni fases de acercamiento dentro de la política de Paz Total.

“Si bien los ceses preliminares no son tan amplios como los de terminación de conflicto, evidentemente nuestro norte siempre debe ser que estos ceses tengan un impacto positivo en las comunidades, que lleven alivios humanitarios a las comunidades y eso nos debe mover a los que estamos comprometidos con eso”, indicó el delegado de Naciones Unidas.