La Corte Suprema de Justicia, que ya sentenció en dos ocasiones a la exsenadora Aida Merlano Rebolledo por hechos de corrupción electoral, ahora emitió una orden de captura contra el también exsenador Arturo Char Chaljub, por estar presuntamente involucrado en un escándalo nacional electoral.
Aunque la Sala Especial de Instrucción del tribunal superior había ratificado anteriormente la compra de votos por parte de Aida Merlano en el Atlántico con el fin de llegar al Senado en 2018, tanto la Corte como las partes implicadas confirmaron que este acto ilícito no fue ejecutado de manera individual, sino que constituyó una conspiración delictiva que incluyó a varias personas, entre ellas Arturo Char.
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De acuerdo con la Corte Suprema, este hecho trascendió en un mero acuerdo político, ya que, con el propósito de asegurar el triunfo de Aida Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección de Arturo Char, “se habrían cometido actos ilícitos que atentaron contra los fundamentos de la participación democrática, involucrando la compra de votos destinada a beneficiar a estos tres candidatos”.
Los delitos por los que la exsenadora está privada de la libertad
La investigación y posterior condena de Aida Merlano en 2018 a 17 años de prisión por el delito de corrupción al sufragante agravados evidenció su participación activa en esta estructura criminal.
En audiencias celebradas tanto en Venezuela como en Colombia, la exsenadora Aida Merlano admitió su papel en actos de corrupción. En dichas diligencias judiciales quedó en evidencia la magnitud de la trama de corrupción electoral que se estaba gestando.
En un giro reciente de los acontecimientos, el 8 de noviembre de 2022, la misma Corte Suprema de Justicia condenó una vez más a Aida Merlano, esta vez por violar los topes de gastos electorales en su campaña al Senado en 2018.
La sentencia dictaminó una pena de cinco años y seis meses de prisión para la excongresista por el delito de concierto para delinquir.
La Sala Especial de Primera Instancia justificó esta condena, argumentando que los hechos por los cuales se condenó a Merlano están estrechamente relacionados con la documentación incautada en la diligencia del 11 de marzo de 2018, llevada a cabo en la dirección de la carrera 64 # 81B-72 de Barranquilla, en la ‘Casa Blanca’, que servía como sede de la campaña política de la excongresista.
Durante esa diligencia, el alto tribunal descubrió varios documentos relacionados con cuentas corrientes pertenecientes a los hermanos Julio Eduardo y Mauricio Antonio Gerlein Echeverría, durante los meses de enero a abril de 2018.
De acuerdo con la Corte Suprema, estas transacciones, las cuales estaban destinadas a obtener dinero en efectivo que finalmente fluía hacia las arcas de la campaña política de Merlano, se llevaron a cabo en el período inmediatamente previo a la realización de las elecciones. Además, se descubrió que los Gerlein Echeverría emitieron más de cien cheques cuyo valor trascendía a más de 8.600 millones de pesos.
La nueva fase de la investigación
Las implicaciones de esta nueva fase de la inquisición generaron una ola de indignación en la sociedad colombiana, puesto que Arturo Char, un político influyente en la Costa Atlántica, ahora se encuentra en el centro de la tormenta legal y mediática.
Por medio de su perfil en la red social X (Twitter), el exsenador emitió declaraciones acerca de la orden de captura que la Corte Suprema de Justicia hizo pública en su contra, en el contexto de la investigación por presunta compra de votos.
“He ejercido mis derechos y seguiré haciéndolo con el objetivo de demostrar mi completa inocencia. Las falsedades expresadas por la señora Merlano tarde o temprano se desvelarán no solo ante los tribunales que me juzgan, sino también ante la opinión pública”, manifestó.
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