En Cali reportaron un segundo atentado en contra del Partido Comunes

Un nuevo hecho de violencia en contra del Partido Comunes, que surgió del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, se reportó en la tarde del miércoles 30 de agosto, luego de que dos hombres, que se movilizaban en una motocicleta, abrieran fuego en contra de la sede de esa colectividad en Cali (Valle del Cauca).

“Desde la Dirección Departamental de Comunes Valle del Cauca rechazamos los hechos de violencia sucedidos en horas de la tarde del día de hoy en inmediaciones de la sede departamental de Comunes (sic)”, señaló en su cuenta oficial de la red social X Luis Alberto Albán, excombatiente y representante a la Cámara por ese departamento.

También anexó en su publicación un comunicado en el que se detalla cómo ocurrió el ataque armado contra ese movimiento de los firmantes del acuerdo.

“Los hechos fueron protagonizados por dos sujetos que se movilizaban en motocicletas, quienes intercambiaron disparos con los agentes escoltas que se encontraban prestando la seguridad en el lugar, dejando como saldo uno de los agresores herido que, posteriormente, fue identificado, al ser atendido en un centro de salud cercano al sitio de los hechos (sic)”, indicaron.

Recordaron que en la mañana del mismo miércoles se registró el primer atentado en contra de uno de los integrantes de ese partido en la capital colombiana, así como las intimidaciones de las que está siendo víctima uno de los aspirantes a una alcaldía en el Valle.

“Esta situación se suma al incremento de las amenazas de muerte y hechos victimizantes cometidos contra la población firmante del Acuerdo Final de Paz y militancia del partido Comunes, como el atentado perpetrado en la madrugada contra el camarada Marino Molina (Yuri Camargo), en Bogotá, y las múltiples amenazas contra Ronal Burgos, integrante de muestra Dirección Departamental y actual candidato a la Alcaldía de Buga (sic)”, indicaron.

En la misiva también criticaron las pocas acciones por parte de las autoridades para proteger a los militantes de esa colectividad.

“Tales acontecimientos se agudizan tanto por el panorama electoral del país, como por la tardía acción de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para prevenir, atender e implementar las medidas de seguridad idóneas para las sedes y actividades en el ejercicio de la política. Exigimos a las autoridades realizar una investigación integral y rigurosa que permita esclarecer los hechos (sic)”, cuestionaron.

Finalmente instaron a que los entes de control hagan un seguimiento de esta situación de violencia en contra de los excombatientes para que se garantice su vida e integridad a través del cumplimiento de la UNP de las medidas de seguridad para esta población que abandonó la lucha armada.

“Extendemos nuestro abrazo solidario a familiares y seres queridos de los agentes escoltas que fueron heridos en el atentado a Yuri Camargo (sic)”, concluyeron en el texto.

De hecho, este miércoles desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citaron al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, entre otros funcionarios del organismo investigador, así como del gobierno Nacional para que rindan cuentas acerca de las acciones que han implementado para proteger la vida de estas personas que le apostaron a la paz y a hacer política desde la legalidad.

Aunque los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) evidencian que los homicidios de firmantes del acuerdo se redujeron en un 17 %, entre enero y agosto de 2023, con un registro de 28 crímenes en contra de estas personas, frente a 33 asesinatos que ocurrieron en el mismo periodo del año pasado, no cesa la violencia hacia los excombatientes en el país.