Se reportaron 370 declaraciones sobre desaparición forzada de 423 personas entre enero de 2022 y julio de 2023

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Defensoría del Pueblo reveló que entre enero de 2022 y julio de 2023 registró, a partir de 370 declaraciones, 423 víctimas de este delito, no solo en este periodo, sino antes. De estas, 322 son hombres; 78, mujeres; de las 23 restantes no hay información sobre su género.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a la institucionalidad para prevenir la comisión de este delito: “En este día, que tiene una gran carga de simbolismo porque es cuando el mundo entero convoca la memoria de las personas que han sido desaparecidas de manera involuntaria, desde la Defensoría del Pueblo enviamos un abrazo solidario a las familias y allegados de las personas desaparecidas, y en especial a las mujeres buscadoras, quienes son las principales lideresas de estos duros procesos en los territorios y mantienen siempre viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

De acuerdo con las cifras del Observatorio de Conductas Vulneratorias a los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, los departamentos en donde se han registrado más casos de desapariciones forzadas son Nariño, con 40 víctimas; Norte de Santander, con 37; Antioquia, con 35; Córdoba, con 31; Guaviare, con 31; Arauca, con 30; Meta, con 27; Valle del Cauca, con 24; Caquetá, con 20, y Casanare, con 16. Luego están Cauca y Putumayo, con 15 casos cada uno; Chocó, con 13, y Cesar y Cundinamarca, con 10 casos cada uno.

Al respecto, el defensor Camargo advirtió que “de los seis departamentos con más casos de desaparición forzada reportados a la Defensoría del Pueblo, que son, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Guaviare y Arauca, tres de ellos están en zonas de frontera terrestre. Es allí donde se presentan mayores dificultades para la búsqueda de las personas desaparecidas, según las denuncias y reportes de las comunidades víctimas que residen en esas regiones”.

Desde la Defensoría advirtieron que las 370 declaraciones —recibidas entre enero de 2022 y julio de 2023— relatan hechos ocurridos entre 1974 hasta 2023, lo que demuestra que esta es una práctica recurrente y persistente en todo el territorio colombiano y que para sistematizar esta información se hizo una división en tres periodos

El primer periodo es entre 1974 y el 2000, en el que fueron desaparecidas 108 personas; el segundo periodo, entre el 2001 y el 2020, hay registros de 208 personas desaparecidas; y el tercer periodo, entre el 2021 y el 31 de julio del 2023, hay información de 107 personas desaparecidas.

El llamado a la institucionalidad y a los grupos armados

El defensor Camargo pidió a la Cancellería, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que fortalezcan y redoblen los esfuerzos para mitigar y prevenir la comisión de este delito y para dar con el paradero de estas personas.

“Extendemos nuestro llamado a la Cancillería para que adelante la implementación de mecanismos de cooperación para erradicar la práctica de la desaparición transfronteriza y favorezca la búsqueda de las personas desaparecidas en zonas de frontera. A la Fiscalía General de la Nación, para que redoble los esfuerzos y el recurso humano encargado de las investigaciones de este delito. A la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para que haga presencia en todos los departamentos del país”, afirmó Camargo.

En el caso de la JEP la petición que hizo el defensor Camargo tiene que ver con el tribunal considere la creación de un macrocaso para la investigación y sanción de hechos de desaparición forzada en el conflicto armado interno.

También reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que renuncien a tan cruel práctica: “Les exigimos a los actores armados, independientemente de su propósito o naturaleza, que respeten el derecho internacional humanitario y no pongan en riesgo la vida, seguridad e integridad de la población civil”.