Tres bandas delincuenciales de Quibdó aceptaron dialogar con el Gobierno nacional: existen dudas sobre cómo será su sometimiento

‘Los locos Yam’, ‘los Mexicanos’ y las ‘Fuerzas Armadas RPS’ son las tres bandas que decidieron sentarse en la mesa de diálogo que instaló la oficina del Alto Comisionado para la Paz el viernes 18 de agosto en Quibdó, Chocó. Sin embargo, el avance del Gobierno nacional para el sometimiento a la justicia de grupos delincuenciales estaría estancado, luego de que se hundiera en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales.

Es decir, a pesar de las intenciones por llegar a acuerdos con las bandas criminales y lograr la denominada paz total, no existe un marco jurídico que pueda dar garantías a los procesos de sometimiento que adelanten con estos grupos, al igual que sucede con las estructuras de Medellín y Buenaventura.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional se afirmó que el acercamiento con las bandas multicrimen ya se considera un avance, mientras que se establecen los marcos legales para avalar las decisiones futuras con estas bandas, que ha dejado por el momento la tregua de los Shottas y los Espartanos en Buenaventura.

“No estamos buscando información para revelar el entramado criminal. Estamos aquí porque esto es un propósito nacional, porque los jóvenes tienen un propósito para acabar con la violencia”, señaló Danilo rueda durante la instalación del Espacio de conversación sociojurídica para la construcción de paz, el nombre que le ha dado a las mesas de diálogo.

Pero las intenciones de paz de las estructuras criminales podrían desvanecerse pronto, si no se les ofrece garantías atrayentes para someterse a la justicia, porque el Gobierno no podría cumplir los acuerdos a los que se lleguen, por lo que ya tiene previsto presentar nuevamente el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales, aunque reconocen que la iniciativa no ha sido visto con buenos ojos por partidos de oposición e independientes.

Además, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, también tiene planteada otra posibilidad que cobije a las estructuras criminales urbanas, que consiste en modificar la ley de justicia y paz, que dejaría de ser transicional para convertirse en ley ordinaria, con la que se tendrían en cuenta aspectos como la reparación a las víctimas, la entrega de armas, cumplimiento de condenas en prisión y un desmantelamiento real de bandas.

Pero este camino tampoco sería tan inmediato ni fácil, ya que deberán someter la modificación ante el Consejo de Política Criminal y Ministerio de Hacienda, antes de que pueda llegar a debatirse en el Congreso de la República.

Entretanto, el alto comisionado para la paz aseguró que la apertura de estos espacios de diálogo también sirve para adelantar la identificación de quienes están en armas, que permite tener un panorama real de las estructuras que existen en el país.

“Contamos con la disposición de quienes están usando las armas en 3 agrupaciones armadas, reconocemos sus nombres, tal como ellos se autodenominan, también estamos aquí reconociendo a los ciudadanos y las ciudadanas de los barrios que no están en armas”, señaló Danilo Rueda en la mesa de diálogo en Quibdó.

El propósito de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que también lleva los procesos de paz en diferentes municipios y tiene como prioridad los acuerdos con el ELN y las disidencias de las Farc, es el de incorporar a la vida civil a los actores armados y conseguir que “la paz se haga rutina”, como lo señaló el alto comisionado en las últimas horas.

Aunque los diálogos en Chocó apenas empiezan, se conocieron los avances de las mesas establecidas en Medellín y Buenaventura, donde adelantan la caracterización de las bandas criminales que tienen injerencia en esos territorios. En el caso de la capital antioqueña, se han logrado reconocer más de 14 mil actores armados, mientras que en Buenaventura la cifra supera las 2.000 personas.