La Gabarra: 24 años de la masacre cuya conmemoración fue aplazada por el conflicto

El 21 de agosto de 1999, cerca de 150 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron al corregimiento La Gabarra, del municipio Tibú (Norte de Santander) para cumplir con la última fase del plan iniciado en mayo de ese mismo año: tomarse la zona localizada en la región del Catatumbo, una de las más disputadas del país por guerrillas y grupos paraestatales.

De acuerdo con registros del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), los paramilitares del naciente Bloque Catatumbo cortaron el suministro de luz en todo el corregimiento y con lista en mano entraron a bares y tiendas preguntando por campesinos supuestos colaboradores de la guerrilla. A ellos los fueron matando uno a uno y en total la masacre fue de 35 personas.

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En testimonios entregados a Justicia y Paz, comandantes de las AUC detallaron que aquella matanza fue hecha en coordinación con la fuerza pública, que para ese entonces contemplaba como “imposible” la llegada paramilitar al caserío. Incluso, dos días antes del hecho, el entonces presidente Andrés Pastrana hizo un consejo de seguridad y descartó una incursión de tal magnitud.

Desde 2008, colectivos de mujeres, víctimas del conflicto y organizaciones de las comunidades (en su mayoría campesinas) hacen actos de conmemoración ante este hecho que hace parte de la negra historia del conflicto armado en Catatumbo. Sin embargo, la de 2023 (24 años después de la masacre) no se pudo hacer, pues la guerra continúa a pesar de los constantes pedidos para realizar un evento con las condiciones necesarias de seguridad.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) detectó que desde el martes 15 de agosto han ocurrido hechos atribuibles a grupos residuales de las extintas Farc. Un día después se habría perpetrado un ataque contra la subestación de Policía del corregimiento en horas de la noche un soldado murió y cuatro más resultaron heridos tras un ataque con explosivos también hecho por esas estructuras.

Sumado a esto, desde el Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Norte de Santander denunciaron y rechazaron el secuestro de Camila Suárez Galván, funcionaria de la Registraduría en el municipio de Convención. Con ese llamado, instaron al Gobierno nacional a prestar atención a la grave situación de violencia presentada en el Catatumbo.

Si bien ya entró en fase de implementación el cese al fuego bilateral con el ELN, en la región hay presencia de estructuras conformadas por combatientes que no quisieron acogerse al Acuerdo Final de Paz. Entre ellos están la Segunda Marquetalia y disidencias del Frente 33 de la antigua guerrilla.

Tampoco fueron escuchadas las solicitudes de los colectivos sociales para ofrecer garantías y así hacer los eventos artísticos correspondientes a la conmemoración. Ante la negativa, los movimientos de mujeres y madres víctimas no tuvieron otra opción que trasladarse a Cúcuta para realizar conversatorios y talleres de memoria.

La masacre de 1999 que pudo evitarse

Desde mayo de ese año empezaron los asesinatos selectivos en el caserío. El 29 de ese mes, alrededor de 200 paramilitares enviados desde Urabá y Córdoba se ubicaron a ambos lados de la carretera que comunica a la zona. También con una lista asesinaron a ocho personas, aunque existen versiones de que fueron 16 en total. El CTI de la Fiscalía identificó 77 muertos entre Tibú, La Gabarra y otras zonas del municipio.

Las alertas emitidas desde organizaciones defensoras de derechos humanos retrasaron la incursión paramilitar al corregimiento, pero era inminente su llegada. El entonces comandante del Batallón Contraguerrilla N.46, teniente Luis Fernando Campuzano permitió el ingreso de las AUC al casco urbano en la noche de aquel sábado 21 de agosto.

Por este hecho, el ahora exmilitar fue condenado a 40 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2007 tras determinarse que fue coautor de la masacre.