Juan David Duque será el superintendente Nacional de Salud encargado, mientras el Gobierno De la Esprilla nombra a un nuevo titular

La Superintendencia Nacional de Salud informó que el actual superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, asumirá como superintendente Nacional de Salud encargado, cargo que actualmente ostenta el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

La designación temporal de Duque en la dirección de la entidad se mantendrá hasta que el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella nombre a la persona que asumirá el cargo. El mandatario electo se posesionará como jefe de Estado el 7 de agosto de 2026 y ya conformó su gabinete ministerial y nombró a algunas personas que asumirán el liderazgo de algunas dependencias e instituciones, pero todavía hace falta que establezca algunas designaciones.

La entidad indicó que el funcionario dará continuidad a las labores adelantadas por Daniel Quintero como superintendente, en pro de velar por la protección del derecho a la salud de los ciudadanos.

“Garantizará la continuidad de la gestión institucional y las labores de inspección, vigilancia y control, así como las estrategias para proteger los derechos de los usuarios y fortalecer el acceso oportuno a los servicios de salud”, precisó la Superintendencia de Salud en X.

Por otro lado, Daniel Quintero publicó en sus redes sociales un video en el que mostró la despedida que tuvo con los funcionarios de la entidad. El exalcalde agradeció a su equipo de trabajo.

“Agradecerles por haberme permitido estar acá, pero también por lo que hacen ustedes por Colombia, por los colombianos. Me voy con mucha nostalgia, de verdad, porque aquí conocí gente muy bonita, gente que hace cosas muy lindas por el país. Deseo que les vaya muy, muy bien. Gracias por lo que hacen por Colombia, por lo que hacen por la gente y por haberme permitido estar acá. Dios les pague y muchas, muchas bendiciones”, indicó.

Últimas actuaciones de la superintendencia bajo la dirección de Quintero

La Superintendencia Nacional de Salud, bajo el liderazgo de Daniel Quintero, llevó a cabo varias diligencias de inspección y vigilancia que se centraron, sobre todo, en el funcionamiento de los dispensarios de medicamentos en Colombia. Sin embargo, también se adelantaron auditorías territoriales que dejaron en evidencia casos de presunta malversación de fondos.

La auditoría más reciente se hizo en la Gobernación y en la Secretaría de Salud de Antioquia. De acuerdo con el superintendente saliente, se identificaron 23 hallazgos administrativos. Además, se detectaron seis hallazgos de carácter disciplinario, cuatro de carácter fiscal y tres penales.

“Según el equipo de auditoría, la Gobernación de Antioquia había malversado $4.700 millones del Sistema General de Participaciones que debían ir a municipios de categoría cinco y seis para tareas de gestión de salud pública. Estos recursos terminaron en cuentas bancarias de ESE, es decir, Empresas Sociales del Estado, sin contrato y por fuera de las cuentas oficiales”, detalló Quintero en una rueda de prensa.

Asimismo, advirtió sobre posibles actos de negligencia por parte de la Gobernación de Antioquia en la atención en salud de dos menores de edad indígenas que, según informó, fallecieron. De acuerdo con el funcionario, una de las pacientes estaba en estado de embarazo.

“La Gobernación de Antioquia tenía la misión, la obligación, no solo de cuidar a su población, sino que habían varias tareas y protocolos que debían seguir en relación a la población embarazada con riesgo alto. Este era un caso de riesgo alto. La Gobernación de Antioquia no lo hizo. Hubo negligencia ahí”, indicó.

Luego de que Quintero diera a conocer los hallazgos de la Superintendencia Nacional de Salud, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano, reaccionó. La funcionaria puso en duda los resultados de la auditoría de la entidad.

En consecuencia, la superintendencia emitió un comunicado en el que rechazó las declaraciones de Solano e informó que adelantará acciones legales en su contra por los delitos de injuria y calumnia y violencia contra servidor público.

“La información contenida en el informe de auditoría no obedece a criterios políticos ni coyunturales, sino a un ejercicio ordinario de inspección, vigilancia y control sobre el uso de los recursos y demás rentas destinadas a la salud pública departamental”, detalló la superintendencia en la comunicación oficial.