En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación informó que abrió una investigación disciplinaria contra el entonces intendente jefe y comandante de la subestación de Policía en el corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá (Antioquia). Según informó el ente de control, Luis Fernando García Patiño presuntamente tuvo nexos con el clan del Golfo, suministrando información a cambio de dinero ilícito.
Además, el excomandante habría participado en acciones delictivas con el grupo paramilitar en el corregimiento ubicado a 11 kilómetros del casco urbano del municipio antioqueño. El caso se abre después de conocerse unas declaraciones entregadas por Rubén Darío Rojas Tamayo, alias “Culopelao”, donde vinculaba al uniformado. El testimonio del hoy condenado, que es vital en la investigación, fueron solicitadas por la Procuraduría para atender la compulsa emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Según señaló el ente de control, las declaraciones entregadas por alias Otoniel en las que vinculó a varios servidores públicos en la comisión de actos de corrupción, además de mencionar vínculos con paramilitares, llevaron a que la JEP le pidiera a la Procuraduría que se investigara en profundidad dichos nexos.
Además, el ente señaló que “a fin de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar la responsabilidad del implicado, el operador disciplinario dispuso la práctica de pruebas técnicas y científicas”.
Y es que las declaraciones entregadas por Otoniel ante la JEP, en la que salpicó a altos oficiales de la fuerza pública colombiana como al general (r) Leonardo Barrero o al exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en el departamento del Casanare, Henry Torres Escalante, hicieron que varias instituciones iniciaran investigaciones por supuestos nexos con los cabecillas del clan del Golfo.
Según contó el hoy recluido en una prisión norteamericana, estos servidores proporcionaron información relevante para adelantar acciones violentas, además de omitir tácticas ofensivas contra dichos grupos ilegales, que permitieron su expansión y fortalecimiento en diferentes zonas del país.
Tal es el caso del expatrullero de Estación de Policía del municipio de Chigorodó, Antioquia, William Moreno Terán, a quien la Procuraduría le presentó cargos en mayo de 2023 por vínculos con la subestructura paramilitar Carlos Vásquez.
Según indicó el ministerio público, el uniformado le entregó información a esta estructura criminal relacionada con las actividades de la fuerza pública en el departamento, entre octubre de 2019 y agosto de 2021. De igual forma, habría colaborado con los paramilitares proporcionando datos de los resultados obtenidos por los uniformados para contrarrestar el actuar delictivo del Clan del Golfo en Chigorodó.
Las acusaciones de Otoniel también involucraron a otros 62 funcionarios públicos, entre militares, policías y políticos, que actualmente se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades.
“El señor Dairo Antonio Úsuga David realizó en su declaración las siguientes afirmaciones relevantes que presuntamente demostrarían diversas asociaciones entre el ejército nacional, autoridades políticas y terceros con la organización criminal a la que pertenece el testigo y que afectan contra la administración y la seguridad pública”, indicó la JEP en su momento.
Otoniel pasará el resto de vida en prisión
A pesar de la colaboración de alias Otoniel con la justicia colombiana, deberá pagar una condena de 45 años de prisión en un centro norteamericano, tal y como lo dictaminó el Distrito Este de Nueva York. Según la jueza que llevó el caso, Dairo Antonio Úsuga David conspiró para importar droga a los Estados Unidos por los puertos marítimos de ese país.
La condena fue celebrada por la Fiscalía Federal, ya que el exjefe del clan del Golfo era considerado un objetivo de prioridad, por liderar una de las organizaciones narcotraficantes catalogada como de las más peligrosas del mundo.
De igual manera, alias Otoniel aceptó pagar 216 millones de dólares de indemnización y multas que podrían llegar a 22 millones de dólares. Una vez cumplida su condena, hipotéticamente a los 96 años de edad, el excapo colombiano tendría cinco años de libertad vigilada.
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