La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la actual directora de Recursos Humanos de la Alcaldía de Soacha por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Los hechos por los que es investigada Liliana Marcela Chaparro Sierra se remontan a cuando esta se desempañaba como directora de Cobertura de la Secretaría de Educación y Cultura de la alcaldía.
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De acuerdo con el ente de control, bajo su supervisión se registraron posibles anomalías en dos contratos suscritos para la prestación del servicio de alimentación escolar durante la emergencia sanitaria declarada por la pandemia por covid 19.
Sobre el contrato 2135 de 2019, que supera los $7.000 millones, la funcionaria en su condición de directora de Cobertura y supervisora de los convenios para el PAE, habría incurrido en irregularidades al momento de revisar y aprobar los documentos de justificación y estudio del mercado, de reinicio de prórroga y adición de este contrato hecha en marzo de 2020.
El Ministerio Público señaló que la consulta de precios que sirvió para hacer el estudio habría tenido en cuenta el valor de los productos al detal o al por menor y no al por mayor como correspondía.
En consecuencia, se habría presentado un sobrecosto superior a los $479.000 millones en los precios que pagó la Alcaldía de Soacha por los paquetes de alimentos para preparar en casa, suministrados a los usuarios del programa de alimentación escolar.
De igual manera, en el contrato 616 de 2020, bajo supervisión de Chaparro Sierra, se habría actuado de manera irregular al revisar y justificar las modificaciones con precios que pudieron superar en más de $138 millones el valor real de los paquetes de alimentos.
Para la Procuraduría, las conductas que tienen bajo investigación a la funcionaria de la Alcaldía de Soacha fueron calificadas como “inadmisibles” y “gravísimas” a título de culpa grave.
Por estos hechos, el ente de investigación disciplinaria compulsó copias del pliego de cargos contra Chaparro Sierra y se enviaron pruebas para que se investigue al también secretario de Educación y Cultura para la época de los hechos, Luis Eduardo Chavez Poveda, por la presunta suscripción de varios documentos relacionados con los dos contratos en cuestión.
Los dos procesados disciplinariamente son cercanos al actual alcalde de Soacha Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, quien también es investigado por la Procuraduría por la presunta creación irregular de una empresa.
El mandatario local habría constituido una sociedad de economía mixta para la operación de servicio público catastral. Sin embargo, para dicho servicio debió crearse una empresa industrial y comercial del Estado, por lo que constituyó una sociedad que no está acorde con lo dispuesto por la ley.
Pero, el entramado de corrupción en la administración de Soacha no quedó allí. De igual manera, la Procuraduría formuló cargos al director financiero de la Dirección de Impuestos de la Hacienda de la alcaldía, Camilo Andrés Cepeda Carrero, por supuestamente no adelantar las acciones pertinentes para la liquidación del impuesto predial 2021 en Soacha, valor que habría sido superior a lo ordenado en las disposiciones jurídicas vigentes para la época.
Para el Ministerio Público, la presunta actuación de los funcionarios “vulneró el principio de economía”, por lo que de manera provisional calificó las actuaciones como falta “grave” a título de culpa gravísima en el caso del burgomaestre y de culpa grave en el de Cepeda Carrero.
En noviembre de 2022 se conoció que la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra el alcalde Juan Carlos Saldarriaga y otros 18 funcionarios del Concejo Municipal por presuntas irregularidades en el aumento del impuesto predial y la actualización catastral del municipio.
Lo anterior, debido a las denuncias interpuestas por habitantes del municipio quienes se quejaban de cobros “exagerados” en el impuesto predial. La investigación por estos hechos sigue su curso y el ente de control busca determinar si se aumentaron las tarifas en forma exagerada en 2020.
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