El fiscal Gabriel Jaimes dio a conocer detalles sobre los resultados de las investigaciones que se adelantaron sobre casos de corrupción en la multinacional brasileña Odebrecht, que involucraron a directivos de la compañía, funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia, contratistas, lobistas y particulares.
En entrevista con Caracol Radio, Jaimes fue cuestionado sobre si las investigaciones llevadas a cabo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, han evidenciado presuntas responsabilidades de algún miembro de la familia Sarmiento con respecto a la vinculación de la entidad financiera Corficolombiana, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con Odebrecht.
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“¿No encontraron ustedes ninguna reunión, ninguna orden, ningún documento, ninguna directiva que pudiera establecer, por ejemplo, responsabilidad penal contra alguno de los dueños, alguno de los miembros de la familia Sarmiento?”, preguntaron en Caracol Radio, frente a lo cual el fiscal Jaimes respondió que no y explicó que, por medio de la legislación de Estados Unidos, solo se ha incriminado a una persona natural: José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana.
“Las consecuencias en Colombia, de acuerdo a la ley colombiana, son diversas: en virtud de que en Colombia no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas. Al concentrarnos en la responsabilidad penal de las personas naturales, y al revisar su conducta, solo hemos encontrado irregularidades de carácter delictivo en el señor Melo, que era el presidente de Corficolombiana, y en tal calidad se le investigó y juzgó y está cumpliendo una pena por esos hechos”, explicó el fiscal.
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En efecto, Melo fue condenado en 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá a 11 años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho en calidad de coautor.
El sentenciado fue hallado culpable de conocer y permitir por omisión un soborno que hizo el exdirectivo de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno Junior, a funcionarios del Gobierno, incluido el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales para que les fuera adjudicado el contrato para el proyecto Ruta del Sol II, entre 2009 y 2010.
Dicho proyecto tenía como objetivo construir 528 kilómetros que comunicarían el centro y norte del país, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación (FNG). Para que la multinacional suscribiera el contrato se ejecutaron sobornos que alcanzaron los 11.493 millones de pesos. En el caso que involucra a Melo, el soborno fue de 6.5 millones de dólares.
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A pesar de que la condena está en firme, el expresidente de Corficolombiana afirma que es inocente. Así lo dio a conocer en un comunicado que presentaron sus abogados defensores el 15 de agosto de 2023, luego de que la el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos decidiera cerrar la investigación que involucraba a la entidad y al Grupo Aval, que eran socios minoritarios de Odebrecht en el proyecto.
“Nunca conocí o aprobé ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Ocaña - Gamarra dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol Tramo II y tampoco participé de ninguna manera en la ejecución de dichos acuerdos ilegales”, se lee en el comunicado.
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Sin embargo, en 2019, la Fiscalía solicitó la condena de Melo argumentando que él tuvo la oportunidad de conocer el entramado de corrupción que involucró a la multinacional y a funcionarios de Gobierno.
“Melo Acosta asistió según las actas de reuniones, participó en todas las reuniones de juntas directivas como presidente de Corficolombiana de acuerdo con los documentos y los testimonios llevados a juicio por la Fiscalía en el proceso judicial”, indicó el ente acusador.
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