Exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez fue condenada por su participación en el “cartel de la Toga”

La exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez fue condenada por los sobornos que entregó para dilatar una indagación ante la Corte Suprema de Justicia. La también exalcaldesa de Orito, Putumayo, hace parte de los integrantes el denominado cartel de la Toga.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la exfuncionaria fue hallada responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer con circunstancias de mayor punibilidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Luego de que un fiscal auxiliar de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentara el material probatorio contra la exfuncionaria, el juez penal del circuito con funciones de conocimiento encargado del caso condenó, en primera instancia, a cinco años y tres meses de cárcel a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez.

El caso de corrupción por el que es señalada la exrepresentante a la Cámara

De acuerdo con información revelada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el 2015 cuando la exfuncionaria, a través de un tercero, le pagó a un magistrado de la Corte Suprema para que dilatara un proceso en su contra y evadir a la justicia.

Según las investigaciones adelantadas por el ente acusador, se estableció que Argenis Velásquez Ramírez, a través del abogado Gustavo Moreno, acordó pagarle 200 millones de pesos al entonces magistrado auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz.

El soborno tenía como objetivo dilatar un proceso penal que cursaba contra la exrepresentante a la Cámara por presuntos hechos de corrupción en los que habría incurrido cuando se desempeñó como alcaldesa de Orito, Putumayo.

Aunque el pago acordado con el entonces magistrado era de 200 millones de pesos, lo cierto es que a Camilo Andrés Ruiz solo le llegaron 130 millones de pesos, según estableció la Fiscalía.

Fruto de la coima que entregó la exrepresentante por el Putumayo en este caso, el proceso que cursaba en su contra efectivamente se dilató durante un tiempo.

Las investigaciones permitieron establecer que las acciones ilícitas de Argenis Velásquez, en complicidad con el abogado Gustavo Moreno y el exmagistrado Camilo Andrés Ruiz, hicieron que el proceso judicial en contra de la exalcaldesa de Orito permaneciera en etapa de indagación hasta noviembre de 2016, cuando se emitió auto de apertura de investigación.

Tras ser hallada responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer con circunstancias de mayor punibilidad, el juez penal del circuito con funciones de conocimiento emitió una orden de captura en contra de la exrepresentante a la Cámara.

En esa línea Velásquez deberá purgar la pena de más de cinco años en un establecimiento carcelario. Además, deberá pagar una multa equivalente a 87.495 salarios mínimos mensuales vigentes.

Dentro de las medidas que se establecieron en contra de la exfuncionaria también se estableció que no podrá ejercer derechos y funciones públicas por ocho años.

El nombre de la excongresista sonaba desde hace seis años, cuando se revelaron los sobornos que ejecutaban varios funcionarios para dilatar procesos ante la Corte Suprema de Justicia, en lo que se denominó el “cartel de la Toga”.

A inicios de este año, igual que Velásquez, el exmagistrado Francisco Ricaurte fue imputado por el delito de coehecho por dar u ofrecer.

Ricaurte, al parecer, fue uno de los magistrados que intervino para beneficiar a la exalcaldesa en el proceso que cursaba en su contra.

De acuerdo con el material probatorio que se ha recopilado dentro de la investigación de este escándalo de corrupción, la Fiscalía General de la Nación estableció que el entonces alto jurista aceptó sobornos para beneficiar a congresistas que eran procesados en el alto tribunal.

“Entre 2015 y 2016, habría recibido dinero por intervenir para frenar varios procesos que seguían en la Corte Suprema de Justicia contra Argenis Ramírez y Milton Córdoba Manyoma, entonces representantes a la Cámara por Putumayo y Chocó, respectivamente, quienes tenían como defensor de confianza al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera”, explicaron en su momento desde el organismo investigador.