Gustavo Petro deberá justificar ante la Corte Constitucional la emergencia social y económica en La Guajira

El “Estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira” que decretó el Gobierno nacional será defendido por su cabeza, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El jefe de Estado estará ante la Corte Constitucional el viernes 11 de agosto para explicar la importancia de esa ambiciosa apuesta con la que se busca mejorar la vida de los ciudadanos residentes.

El proyecto, que fue expedido mediante el Decreto 1085 del 2 de julio de 2023 y que se extenderá inicialmente por 30 días, le permitirá al primer mandatario y a sus ministros tomar medias excepcionales y extraordinarias para superar las diferentes problemáticas que vive ese territorio desde hace años, sobre todo las comunidades indígenas.

La audiencia en el Palacio de Justicia, que solicitó el mismo Ejecutivo en días pasados, se extenderá de las 8 a.m. hasta las 6 p.m. El presidente Petro, por su parte, participará en horas de la mañana y, de acuerdo a lo que informó la Casa de Nariño en las últimas horas, el mandatario explicará por qué a más de un mes de esa declaratoria consideraba idóneo hacerlo.

Al evento, además de los magistrados del tribunal constitucionalista, asistirán delegados de entidades públicas, miembros de la sociedad civil, así como expertos en cambio climático y preservación del medio ambiente, como la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayú, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Además, habrá delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), académicos y expertos internacionales, así como los magistrados de la Corte Constitucional.

Dentro de los argumentos que expondrá el jefe de Estado para tomar esa decisión y evitar que la Corte la tumbe, están la falta de acceso a servicios básicos vitales, como consecuencia de la escasez de agua potable para el consumo humano en los diferentes municipios y resguardos de La Guajira.

Como consecuencia de esta situación, tal y como se ha reportado desde hace varios años, han muertos niños por desnutrición, entre otros factores que, según el Gobierno, requiere la presencia máxima del Estado colombiano en favor de esa población que, históricamente, ha sido olvidada por el establecimiento.

Desde Presidencia, además, informaron que Gustavo Petro pondrá sobre la mesa otras graves aristas que vive esa población, como la crisis alimentaria y los efectos del cambio climático, que suelen acrecentarse con mayor fuerza en climas desérticos y áridos, como en ese departamento costero.

Los magistrados del alto tribunal, además, aseguraron que en el orden del día evaluarán la situación en La Guajira, el alcance y consecuencias del cambio climático y sus efectos particulares en el departamento. Igualmente, se pondrá sobre la lupa “las medidas para conjurar los impactos del cambio climático en el departamento y la democracia y los estados de emergencia en el contexto del cambio climático”.

El 2 de julio, cuando el mandatario de los colombianos emitió el decreto, consideró los beneficios que desde su perspectiva traería esa declaratoria.

“Creo que es absolutamente pertinente decretar la Emergencia Económica y Social, porque se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos, que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen, nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades la cercanía de una sequía que nunca antes se había visto en La Guajira”, afirmó.

En aquel entonces, Petro llegó junto a sus ministros y, por una semana, gobernaron desde La Guajira. Durante su estadía en ese lugar, evidenciaron la crisis que afrontan los guajiros y que requieren, a juicio del presidente, una rápida intervención para evitar más percances, principalmente vidas humanas.