Medicina Legal cerró su sede en Caucasia por amenazas contra sus funcionarios

Los hechos violentos en algunas zonas del país no paran y en esta oportunidad, miembros de la sede de Medicina Legal de Caucasia (Antioquia) sufrieron múltiples amenazas que obligaron a las directivas de la entidad cerrar el lugar temporalmente. A pesar de ello, el instituto continuará prestando sus servicios a los habitantes de esta zona del Bajo Cauca antioqueño desde otros puntos del país, según dieron a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales.

Según indicó Quebin Fabián Mejía Muñoz, director de la Regional Noroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal, a Blu Radio, personas que se movilizaban en motocicletas increparon a funcionarios y a miembros del cuerpo administrativo de la entidad y les manifestaron que “no querían que Medicina Legal estuviera en Caucasia”.

El funcionario señaló que las personas que fueron amenazadas ya han sido reubicadas en otras sedes de la entidad en el territorio nacional, mientras que se adelantan las investigaciones pertinentes.

Las autoridades se reunirán con Mejía Muñoz el jueves 3 de agosto de 2023 para llevar a cabo los procedimientos correspondientes en medio de la suspensión de sus servicios en una situación que afecta directamente a los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño, así como algunos pueblos de Córdoba. La entidad seguirá atendiendo a la comunidad desde la sede ubicada en Medellín, desde donde, según indicó la entidad, los usuarios deben hacer los respectivos requerimientos.

Caucasia comprende una de las zonas en donde los grupos armados han intensificado sus operaciones en los últimos meses. De hecho, estructuras criminales como el Clan del Golfo, ELN o las disidencias de las Farc se han apoderado del control territorial de varios municipios del Bajo Cauca Antioqueño, atentando contra los miembros de la fuerza pública, así como contra la población civil, infringiendo así lo estipulado en el derecho internacional humanitario.

Por tal motivo, a mediados de julio de 2023, la Defensoría del Pueblo lanzó un llamado contra los integrantes de los grupos armados, rechazando prácticas como la siembra de minas antipersona, secuestros y la restricción a la movilidad. La entidad enfatizó, en aquella oportunidad, en que ese tipo de gestos van dirigidos netamente a la sociedad civil que no tiene relación alguna con el conflicto.

De igual forma, la entidad exigió a los criminales no utilizar a los campesinos de la región como sus “escudos” en medio de los enfrentamientos que libran con la fuerza pública. Según señaló la Defensoría, habitantes de la región han sido obligados a protagonizar manifestaciones contra la Policía Nacional, así como contra el Ejército Nacional en varias oportunidades, en contra de su voluntad.

Precisamente, en una de las manifestaciones que han llevado a cabo los habitantes de la región en contra de la fuerza pública, miembros de la Séptima División del Ejército no pudieron llevar a cabo un operativo en el cual, junto al CTI de la Fiscalía General de la Nación, pretendían destruir varios puntos de extracción ilegal de oro. Pobladores de Anorí y Amalfi hicieron presencia en el lugar donde se iba a llevar a cabo el procedimiento y, ante la comparecencia de menores de edad allí, la fuerza pública no pudo ejecutar el operativo.