El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, confirmó el miércoles 2 de agosto, la terna de candidatas a ocupar el cargo de fiscal General de la Nación, en una decisión que deberá tomar la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2023.
Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda fueron las escogidas por el mandatario para integrar la “baraja” de aspirantes, con miras al periodo 2024-2027.
La decisión fue aplaudida por simpatizantes del gobernante al postular a tres mujeres para ocupar el cargo; pero también entendida por sus opositores como una estrategia para disipar el impacto mediático de la decisión de su hijo, Nicolás Petro Burgos, de colaborar con la justicia en el caso que lo involucra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“He escogido tres mujeres con profunda experiencia en el derecho penal y en el ejercicio de su vida profesional como fiscales para integrar la terna para designación de Fiscal General de la Nación; las tres tienen un común denominador: todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia”, agregó Petro en su perfil de Twitter.
Pero, ¿quiénes son las candidatas que designó Petro? Infobae Colombia presenta el perfil de las tres mujeres que podrían suceder a Francisco Barbosa Delgado, que dejará el cargo el 5 de febrero de 2024.
Ángela María Buitrago Ruiz
En su hoja de vida profesional, Buitrago Ruiz cuenta con el título de abogada de la Universidad Externado de Colombia, además de una especialización en Ciencias Criminológicas del mismo centro universitario; y de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España).
La aspirante imparte enseñanza en la Universidad Externado en el área de Derecho Penal. Además, ha ocupado cargos como el de subsecretaria de la comisión del Código Penal Tipo para Iberoamérica y Fiscal Delegada ante la Corte Suprema en su hoja de vida.
A su vez, forma parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca.
También es recordada por liderar en la Fiscalía el proceso de investigación ante la Corte Suprema de Justicia que buscaba determinar la suerte de los desaparecidos en la operación de retoma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985.
Una labor que fue clave para la condena del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, que a su vez fue acusado del delito de desaparición forzada; junto a los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez.
Amelia Pérez Parra
Por su parte, Pérez Parra ocupó la jefatura de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y tuvo a su cargo investigaciones contra los grupos paramilitares, los cuales en la década de los años 90 establecieron vínculos con miembros del Ejército Nacional.
Se destaca en su trabajo en el ente investigador el rastreo al accionar delincuencial de los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; lo que le costó el exilio en 2003. Desde entonces reside en Canadá.
En su historial, fue la mujer que abrió investigación contra el general retirado del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, señalado de ser el responsable de la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada del 15 al 20 de julio de 1997 por parte de las autodefensas.
Amparo Cerón Ojeda
Por último, Cerón Ojeda, oriunda de Iza (Boyacá) desde 1989 hasta 2020, cuando presentó renuncia a su cargo, hizo parte de la Fiscalía, se graduó como abogada especializada en el campo de la Administración Pública y en Derechos Humanos.
En su trasegar en la entidad, desarrolló la investigación del caso Odebrecht, y su impacto en las finanzas de las campañas políticas de 2014 y 2018; en un proceso por el que es investigado el excandidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, que hizo parte del Centro Democrático.
A su vez, fue quien imputó cargos a otras personas de la vida política en el país, los cuales fueron presentados ante la justicia, acusados de recibir millonarias coimas de la firma brasileña, que tuvo influencia en diferentes países; pues además de Colombia permeó en Perú.
Su renuncia, que se hizo efectiva el 30 de mayo de 2020, se debió a la decisión del fiscal General Francisco Barbosa, a quien podría reemplazar en el cargo, de quitarle el proceso madre de Odebrecht.
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