Cancillería suspendió el proceso de licitación para el suministro de pasaportes en Colombia

La Cancillería de la República de Colombia anunció la suspensión del contrato para el suministro, formalización y prestación del servicio de custodia y distribución de pasaportes, luego de un largo proceso lleno de polémicas y tensiones.

La decisión fue tomada a solo 24 horas de que el contrato, tasado en una cifra de $599.000 millones de pesos, fuera adjudicado a una única empresa, lo que generó dudas y descontento en varios sectores.

La historia del proceso de licitación estuvo marcada por la controversia desde el principio. En un proceso que se prolongó durante varias semanas, solo un proponente se presentó, lo que generó sospechas de que el pliego de condiciones podría estar diseñado para favorecer a un único interesado.

Varias multinacionales expresaron su descontento, con el argumento de que el proceso no era justo y no promovía la competencia justa entre los oferentes.

Las quejas llegaron incluso a la Casa de Nariño, sede del Gobierno colombiano, donde se enviaron cartas a la Cancillería exigiendo pluralidad de oferentes, sin embargo, la Cancillería decidió continuar con el proceso.

En un intento de ajustar las observaciones financieras y económicas que se le hicieron, Thomas Greg, el único proponente, y sus socios, realizaron modificaciones a su oferta. Todo estaba previsto para que este 31 de julio a medianoche se conociera la evaluación final que determinaría la adjudicación 24 horas después, pero en medio de rumores sobre cambios en el gabinete ministerial, sorpresivamente se dio a conocer la resolución de suspensión del contrato.

De esta manera, a través de la resolución número 5778 del 31 de julio de 2023, el secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, la suspensión del proceso de licitación pública número LP-001-2023.

De igual manera, desde la Cancillería informaron que la suspensión se llevó a cabo con el objetivo de responder a los organismos de control que habían manifestado inquietudes sobre el proceso de licitación.

La situación generó incertidumbre, ya que mientras se suspendía el contrato, Thomas Greg & Sons (TGS) continuaba con las labores a cargo de la custodia y distribución de pasaportes.

La suspensión del contrato se produce en un momento en el que se conocía que la Cancillería le había otorgado 1.000 puntos al grupo de Greg, lo que lo habilitaba para continuar con todos los componentes del contrato. Esta decisión generó aún más controversia, ya que algunos consideraban que esto podía ser una señal de favoritismo hacia el único proponente.

Accesos Holográficos y Cadena SA, IN Groupe, Idemia, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Incm), Veridos México y Smurfit Kappa, fueron las empresas que denunciaron posibles irregularidades que podrían favorecer a TGS en el proceso de licitación.

Estas compañías afirmaron que en el proceso licitatorio se requería que los oferentes demostraran contar con una planta de producción de pasaportes ubicada específicamente en Bogotá, y aquellos que cumplieran con este requisito obtendrían una puntuación más alta en la evaluación.

Esta condición fue considerada injusta y desigual, ya que, según lo informado por Cuestión Pública, la única empresa que actualmente posee una fábrica de pasaportes en la capital es TGS, lo que le daría una ventaja significativa en el proceso de licitación.

De esta manera, la noticia de la suspensión fue recibida con opiniones divididas en la opinión pública. Mientras algunos aplauden la decisión de la Cancillería de tomar cartas en el asunto y revisar el proceso de licitación en busca de mayor transparencia y competencia, otros expresan preocupación por las consecuencias que esta medida pueda tener en la prestación del servicio de custodia y distribución de pasaportes.