Así puede recibir apoyo jurídico en tutelas y demandas en las Casas de Justicia de Bogotá

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia indicó que más de 10.000 ciudadanos fueron atendidos por el servicio de Facilitadores de Acceso a la Justicia de las Casas de Justicia de Bogotá; donde abogados expertos ayudaron a redactar y radicar tutelas, demandas, derechos de petición y resolver asuntos de liquidaciones gratuitas.

El secretario de la entidad distrital de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, destacó que todas las personas que no cuenten con dinero e ingresos suficientes para pagar los oficios de un abogado, pueden asistir a esos sitios diseñados por la administración para la atención y orientación de quien lo requiera.

“Pueden acudir a nuestras Casas de Justicia, donde tenemos profesionales dispuestos a colaborarles sin costo alguno para que puedan no solo redactar, sino radicar sus tutelas y demandas ante la rama judicial”, añadió el secretario.

Además, el funcionario añadió que actualmente Bogotá cuenta con 16 Casas de Justicia, donde los residentes de las 20 localidades de la ciudad pueden acercarse y solicitar los servicios que allí se imparte. Para conocer los puntos, las personas pueden ingresar al siguiente enlace: Secretaría Distrital de Seguridad.

Qué servicios y asesorías se brindan en las Casas de Justicia

La Secretaría de Seguridad precisó que a través de esos espacios, la administración brinda información, orientación y direccionamiento sobre trámites de conflictos; además de, adelantar procesos que requieran atención por parte de los actores que prestan sus servicios en las instalaciones.

Por tal razón, en esos espacios las personas podrán acceder a servicios y atenciones de: Comisaria de Familia, Inspección Policial, de la Fiscalía General de la Nación, Personería, Secretaría de la Mujer, Icbf, Medicina Legal, entre otras. Sin embargo, no en todas las Casas de Justicia se encuentran las mismas entidades.

La dependencia explicó los casos más habituales por los cuales los ciudadanos asisten a las Casas de Justicia para recibir orientación y direccionamiento, según, la autoridad competente:

• Conflictos familiares: controversias entre compañeros permanentes o cónyuges, controversias por alimentos, herencias (en caso de familiares fallecidos).
• Conflictos sobre bienes inmuebles como la casa, el apartamento, la finca o el local: ocupación por parte de otras personas, daños de la estructura como humedades y/o conflictos por arrendamiento.
• Conflictos por deudas: falta de pago, controversias con bancos por tarjetas de crédito, cobro de intereses.
• Conflictos con los vecinos: ruidos, disposición de basuras, daños a la propiedad y chismes.
• Conflictos de trabajo: controversias con el empleador, problemas en el lugar de trabajo, reclamaciones por derechos laborales.
• Conflictos con el Estado: cobro de impuestos, trámites ante entidades públicas, reclamaciones por daños causados por el Estado.
• Conflictos relacionados con el Sistema de Seguridad Social: controversias por afiliación al sistema de salud, al sistema de pensiones o a aseguradoras de riesgos laborales, prestación de servicios de salud, demoras en programación de citas, reconocimiento de pensiones, polémicas con aseguradoras por accidentes laborales.

¿Quiénes prestan los servicios?

De acuerdo con la dependencia, los facilitadores son profesionales en Derecho que realizan acompañamiento y orientación frente a los trámites jurídicos que requiera el ciudadano.

Igualmente, ese funcionario apoya en la redacción del documento jurídico e informa del trámite correspondiente a efectuar. Entre sus actividades, desarrolla jornadas pedagógicas para fortalecer conocimientos de los mecanismos y acciones para acceder a la justicia.

Estos son los trámites que elaboran los facilitadores:

• Derechos de petición.
• Acciones de tutela, se elaboran en los siguientes casos:
  • Salud: por la no prestación de un servicio, la no práctica de terapias no entrega de medicamentos, no asignación de citas, entre otros.
  • No respuesta al derecho de petición.
  • Seguridad social: por el no pago de incapacidades médicas por parte del fondo de pensiones o por parte de las EPS.
  • Movilidad: cuando se evidencia la vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa y la persuasión de inocencia en asuntos concretos.
• Liquidaciones laborales.
• Demandas.