Procuraduría abrió investigación contra el exdirector de la ALFM por presuntas irregularidades en contratación

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exdirector general de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Óscar Alberto Jaramillo Carrillo, por posibles irregularidades en la contratación de un abogado que no cumplía con los requisitos de formación necesarios para representar a esa entidad.

El pliego de cargos también cobijó a la profesional de la Agencia, Edilma Andrea Ayala Bautista. Al parecer, el investigado contrató los servicios de un jurista para ejercer la representación judicial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares ante los jueces y fiscales de la Nación, pese a que el profesional no contaba con el título de especialista en derecho penal exigido.

El ente disciplinario también cuestionó la conducta de la entonces servidora Ayala Bautista quien, al parecer, al momento de evaluar y verificar las condiciones y requisitos del proponente habría aplicado de forma indebida las equivalencias entre estudios y experiencia establecidas en la ley, pues compensó la falta del título de especialización por dos años de experiencia profesional.

La Procuraduría calificó las conductas del exdirectivo y la profesional como faltas gravísima y grave a título de culpa gravísima, respectivamente.

No es la primera vez que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se ve involucrada en una investigación. Uno de los casos más sonados se dio en enero de 2022, cuando la Contraloría General de la República encontró millonarias irregularidades en obras de infraestructura contratadas con la entidad.

De acuerdo con la entidad, el mayor hallazgo con presunta incidencia fiscal es por $39.319 millones, producto de “ineficientes gestiones contractuales” de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en desarrollo de un convenio de Colaboración firmado con Ecopetrol, para la construcción del Puerto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina N° 31, obras que no se ejecutaron dentro de los plazos previstos, debido a debilidades en los estudios y diseños, incumplimiento de contratos y deficiencias de supervisión y control.

Asimismo, el ente de control reveló, en su momento, que las nuevas instalaciones no solamente presentaron problemas en la fase de planeación, sino también en la ejecución de las obras, donde según lo manifestado en los estudios de Ecopetrol, se presentaron “malos procesos constructivos, incumplimiento de normas técnicas, desviación de la ingeniería de detalle y falta de funcionalidad de las redes”, que coinciden con los estudios de sismo resistencia contratados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que señalan el incumplimiento de la norma Sismo Resistencia NSR – 10.

“La Agencia Logística de las FF.MM. no cuenta con los recursos para garantizar la continuidad y terminación del proyecto, ni tampoco se observa diligencia que permita la conclusión de la obra, con el agravante que Ecopetrol no tiene la disposición de transferir recursos adicionales para dejar en óptimas condiciones de habitabilidad y operatividad el Puesto Fluvial, De este modo, la obra al quedar desfinanciada no podrá terminarse, quedando condenada a su abandono”, aseguró la Contraloría.

Frente a lo sucedido, Ecopetrol interpuso una demanda contra de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cuya pretensión solicitó declarar el incumplimiento del contrato y condenar a esta entidad por daños materiales, en cuantía de $32.009 millones de pesos.

La Contraloría indicó que ante los incumplimientos y no terminación de las obligaciones de tres contratos: el ya mencionado con la Unión Temporal Puesto Fluvial 31, y los firmados con el Consorcio Obras Barrancabermeja y el Consorcio PFA31 Barranca, se considera que “son recursos invertidos en una obra inconclusa y sin financiamiento para su terminación, lo cual se convierte en una pérdida para el Estado, por la no consecución de los fines de dicha contratación”.