Crisis alimentaria en Guainía: secretario de Educación investigado por irregularidades en el PAE Urbano

La Procuraduría General de la Nación (PGN) formuló pliego de cargos sobre el actual secretario de Educación del departamento de Guainía, Bilialdo Tello Toscano, quien habría incurrido en un presunto detrimento patrimonial al no vigilar un contrato por medio del cual se suministra la ración industrializada del Programa de Alimentación Escolar (PAE) Urbano en el departamento.

Según informó el organismo de control, el funcionario no ejerció su deber de supervisar el contrato 682 de 2021, el cual fue suscrito para entregar un complemento alimentario “bajo la modalidad transitoria”. Se trata de una ración que se suministra para “preparar en casa” y que reciben las instituciones educativas ubicadas en la zona urbana de Inírida (Guainía).

Las omisiones de Tello Toscano habrían ocurrido en 2021, entre el 26 de agosto, que fue la fecha en que la modalidad transitoria fue modificada a “ración industrializada”, y el 02 de noviembre. En ese periodo, el secretario de Educación no exigió que se cumplieran los estándares de calidad de los alimentos entregados.

“Durante la investigación disciplinaria se encontraron deficiencias en la disposición de los productos, variaciones totales de los menús y de las porciones entregadas a los estudiantes”, especificó el organismo de control y vigilancia en un boletín informativo.

Ante las falencias del servicio de alimentación, Tello Toscano, al parecer, no efectuó un trámite de declaratoria de incumplimiento contractual. Por eso, la PGN calificó su conducta como falta gravísima a título de culpa gravísima.

En junio de 2023, la Procuraduría abrió una investigación en contra del secretario de Educación, en la que también incluyó a Laura Daniela Martínez, representante legal del Consorcio Shalom Rural, por irregularidades en la ejecución del PAE en zonas rurales del departamento.

Las personas beneficiarias de este serían las comunidades indígenas, quienes estaban recibiendo dinero en efectivo en vez de la ración de alimentos que les correspondían. Las poblaciones afectadas fueron: Laguna Niñal, Yuri y Caranacoa.

Por su parte, la representante legal de la firma Consorcio Shalom Rural también está siendo investigada por el presunto incumplimiento de una minuta que fue establecida para las comunidades indígenas, ubicadas en cinco zonas donde opera el Consorcio.

La alerta de la Defensoría del Pueblo

De acuerdo con la Defensoría, para inicios de junio de 2023 las instituciones educativas indígenas La Ceiba y Caranacoa, en el municipio de Inírida, solo se habían entregado dos ayudas del PAE en lo que iba de corrido del año escolar.

Esta falta de suministro supondría un incumplimiento de las minutas establecidas para la población indígena del municipio.

“En las inspecciones realizadas por servidores públicos de la Contraloría General de la República, la Contraloría Departamental y la Gerencia Colegiada de Guainía, se evidenció que los recursos entregados para los primeros tres meses del 2023 son insuficientes para cumplir con las minutas, lo que afecta el normal desarrollo de la jornada académica y contraviene las políticas establecidas en el PAE”, puntualizó la Defensoría.

Las ayudas a las que se refiere la entidad corresponden a apoyos económicos cuyo fin sería comprar proteínas, frutas, verduras y todo tipo de alimentos no perecederos, los cuales debían ser suministrados a los estudiantes indígenas.

A pesar de que la falta de entrega de estos auxilios fue identificada en las instituciones de La Ceiba y Caranacoa, las irregularidades se han registrado en otros colegios de la región. “Así lo ha evidenciado la Defensoría en diez visitas a distintos planteles, situación que ha sido denunciada por alumnos, docentes y padres de familia”, sostuvo la entidad en una comunicación.

“La entidad hace un llamado a las entidades locales, departamentales y nacionales para que sumen esfuerzos que permitan garantizar el normal desarrollo del Programa de Alimentación Escolar en las distintas instituciones educativas del departamento”, concluyó la Defensoría.