Secretario de Transparencia le respondió al Fiscal e insistió en que en Colombia hay impunidad con la corrupción

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, respondió a las críticas que generó su informe sobre las cifras de impunidad en las denuncias de corrupción de los últimos 13 años. El fiscal general Francisco Barbosa y la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Martha Zamora cuestionaron las conclusiones.

“Yo creo que él ni siquiera lee lo que nosotros producimos porque están en una dinámica de querer golpear la justicia desde diferentes flancos”, sostuvo el fiscal Barbosa, en Blu Radio. Zamora, quien fue encargada de la Fiscalía en 2012, señaló que el informe atentaba contra su buen nombre: “Qué falta de rigor en la investigación sobre impunidad”.

Idárraga Franco rechazó las críticas y defendió el informe que produjo con la información de la Fiscalía General de la Nación. Pidió un diálogo interinstitucional para resolver las diferencias y la impunidad que, considera, no se resuelve con los comentarios sobre el análisis.

“Tachan el #MapaDeLaImpunidad por falta de rigor. Algunos responsables dicen que fue ‘ligereza’ cuando la problemática central es la corrupción. Desprestigiar el informe no soluciona la impunidad. Éste cumplió todos los estándares. Resolvámoslo interinstitucionalmente”, escribió el secretario de Prensa en su cuenta de Twitter.

Tanto Barbosa como Zamora señalaron que el informe no había tenido en cuenta todos los estados de los procesos penales. “Que los jueces no están tomando decisiones judiciales, puede ocurrir; que están mirando solamente las sentencias, puede ocurrir, pero el sistema penal colombiano tiene dos fases, una investigación, una de imputación y las acusaciones de la Fiscalía ante los jueces y luego una de decisiones judiciales que se toman por parte de los jueces, en los tribunales y las cortes”, señaló el Fiscal General en la emisora citada.

Ante ese cuestionamiento del método usado para medir el avance de los procesos, la Secretaría de Transparencia señaló, en respuesta a El Tiempo, que los datos fueron tomados de la base de datos de la Fiscalía General de la Nación (Spoa) sin ninguna modificación o adición. “Las categorías que echan de menos del análisis (sentencias absolutorias, archivo, prescripción) no fueron incluidas pues no están incluidas en la base de datos”, aseguraron desde la entidad.

La Secretaría reafirmó que los datos expuestos muestran que cerca de el 94% de los casos de corrupción denunciados entre el 2010 y el primer semestre de 2023 no han sido resueltos. Solicitaron que de haber información adicional se cargue al mismo sistema para garantizar transparencia, además de insistir en el trabajo interinstitucional.

Las críticas del fiscal Francisco Barbosa

El jefe del ente investigador también cuestionó a Idárraga por la presentación del informe. “Yo ya superé el escenario de ponerme a discutir con funcionarios que salen tratando de tener protagonismo frente a la Fiscalía General de la Nación”, señaló en Blu Radio.

Barbosa sostuvo que a través de informes administrativos se busca atacar al poder público, en referencia al informe del secretario Idárraga Franco, y que esa situación no permite armonizar el trabajo interinstitucional. “Entiendo que los consejeros les gusta mostrarse ante sus jefes. Pero yo como fiscal sigo cumpliendo y los resultados están ahí: 3.000 condenas por corrupción”, concluyó.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, señaló que no es correcto equiparar datos de denuncia a procesos judiciales, porque el número es menor por aquellos que se quedan durante la indagación y no significa necesariamente impunidad, dijo en W Radio.

Desde la Secretaría de Transparencia propusieron convocar a la Comisión Nacional de Moralización con todos los poderes públicos para que evalúen acciones a tomar respecto a las cifras de aparente impunidad en los procesos de corrupción. Además, que la Procuraduría y la Comisión de Disciplina Judicial revise posibles omisiones o faltas de los funcionarios encargados de las investigaciones y sanciones.