Piedad Córdoba tendrá que explicar ante la Corte Suprema el origen de su patrimonio

El martes 18 de julio, la Corte Suprema de Justicia anunció una nueva medida en el caso que se adelanta contra la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, con relación a la llamada ‘Farcpolítica’ y al origen de sus bienes.

En el expediente del tribunal se busca determinar si la política se benefició de la liberación de los secuestrados por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y si usó sumas de dinero que llegaban desde Caracas, Venezuela, para financiar su campaña al Senado de la República y así, presuntamente, adquirir propiedades.

En febrero del 2023, la Sala de Instrucción de la Corte resolvió un recurso de nulidad en el que la defensa de Piedad Córdoba pedía frenar el caso por supuestas irregularidades. Pero el tribunal afirmó que tiene competencia para adelantar las pesquisas, porque Córdoba es senadora desde el 20 de julio de 2022.

Segunda citación de Córdoba

El llamado se generó dos meses después de que la Corte rechazara la recusación presentada por la abogada de Córdoba, Ximena Castilla, contra la magistrada del caso, Cristina Lombana, afirmando que su defendida no contaba con las garantías de imparcialidad, pues tenía una “mentalidad militar así se haya quitado el uniforme”.

Meses atrás de que la Corte Suprema emitiera la decisión, la congresista mencionó: “Los que quieren el turbante naranja se van a quedar con las ganas, basta ya de persecución mediática y guerra jurídica en contra de Piedad Córdoba y del Pacto Histórico, exijo garantías para que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho a hacer política!”.

Material probatorio

Entre las pruebas del alto tribunal destaca el testimonio de Andrés Vásquez, antiguo asesor de la política, que para febrero del 2023 afirmó que la congresista usó la mediación y liberación de secuestrados con fines políticos.

Además, en el proceso investigativo se han estudiado los hechos que envolvieron los acuerdos humanitarios hechos por Córdoba con las Farc, gracias al apoyo brindado por el gobierno venezolano en cabeza de Hugo Chávez, para la entrega de ciudadanos y militares secuestrados.

Otro de los testimonios brindados por Vásquez señala que Córdoba era identificada como alias Teodora, seudónimo que es mencionado en repetidas ocasiones en correos y documentos extraídos del computador de Raúl Reyes.

Estos testimonios se dieron a conocer gracias a una investigación del periodista Ricardo Calderón de Noticias Caracol: “Es cierto que se estableció, desde la reunión con Piedad Córdoba en el campamento de Reyes, una comunicación con él directa o de manera indirecta entre ella y él. Y yo escuché a Piedad no solo decírmelo a mí, sino decírselo en ese momento al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro”, dijo Vásquez al medio citado.

Cuando estalló el escándalo político por el contenido de los computadores de Raúl Reyes, Piedad Córdoba negó cualquier vínculo con las Farc, fuera de los acuerdos humanitarios que negociaba y entregó un comunicado a la opinión pública donde afirmaba que su exasesor utilizó su nombre de candidata para “lucrarse y entablar negocios con diversos empresarios”.

Y sobre el periodista Calderón, quien estuvo a cargo de la investigación mencionó: “dé a conocer los testimonios otorgados por los integrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP ante la Corte Suprema de Justicia en este caso”, ya que en palabras de la política este organismo es el que debe juzgarla.

En diciembre de 2020 la Corte solicitó a las entidades bancarias información financiera de Piedad Córdoba, su exmarido (Luis Ángel Castro Hinestroza), su hija, sus hijos (Juan Luis Castro Córdoba María Castro Córdoba y Camilo Andrés Castro Córdoba) sus hermanas y hermanos. También le solicitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales información de la exsenadora y de su familia, y también un reporte a las centrales de riesgo.

Según El Tiempo, se determinó que Córdoba estuvo presuntamente involucrada en movimientos millonarios que salieron de los bancos Central de Venezuela y el Microfinanciero, que tuvieron como destino seis cuentas en Colombia. Este dinero provenía de una constructora con sede en Valencia, Carabobo y de la firma Led Media, que tenía un clon en Bogotá.