Uribe y Santos podrían ser citados ante la JEP para declarar por falsos positivos: altos mandos militares y hasta ministros de ambas administraciones serán investigados

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) anunció en la mañana del lunes que en el marco del caso 03, relacionado con ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, citará como testigos a mandos militares y a quienes ocuparon altos cargos en el Estado entre 2005 y 2008. De tal manera que los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos podrían ser citados a declarar.

De todas formas, el alto tribunal aclaró que los dos expresidentes serán citados solamente en calidad de testigos, pues no tiene la facultad para investigarlos. No obstante, si encuentra méritos suficientes, podría compulsar copias a las autoridades responsables.

En esta nueva fase de la investigación no solamente se atribuirá la responsabilidad del delito por jerarquía o posición de mando, sino que para las imputaciones se tendrá en cuenta la participación directa o indirecta que hayan tenido los responsables en la práctica del crimen. Además, se seguirán investigando los subcasos de Norte de Santander, Antioquia, Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila y el del cementerio de Dabeiba.

“Se trata de identificar si hay o no bases suficientes para determinar que miembros de la Fuerza Pública en el nivel divisional y/o nacional tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes. Si participaron de manera directa o indirecta, por acción u omisión en las políticas o patrones de macrocriminalidad, y/o si actuaron o no con la debida diligencia para detener oportunamente los crímenes, teniendo los medios para hacerlo”, indicó el magistrado Óscar Parra en rueda de prensa.

Aquella decisión fue tomada por el tribunal luego de concluir que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate respondieron a patrones ejecutados por organizaciones criminales en colaboración con la Fuerza Pública. Entonces, la JEP tratará de determinar qué uniformados sabían acerca de la sistematicidad de los crímenes.

“Hemos encontrado que este fenómeno de falsos positivos tuvo que ver con políticas institucionales, una primera es la del conteo de cuerpos, cómo en Colombia se estableció en el indicador por excelencia el cuerpo del supuesto enemigo abatido en combate, ese cuerpo se convirtió en el trofeo, en la manera de demostrar que se estaba ganando la guerra y debemos investigar en dónde se adoptó esa política, quién adoptó esa política, cómo se extendió en todo el territorio nacional. También la política institucional de incentivar, a través de medallas, permisos, promociones, cursos en el exterior, a quienes demostraran haber dado a más personas de baja en combate”, explicó la magistrada Catalina Díaz.

De igual forma, el tribunal indicó que “no se abrirán nuevos subcasos territoriales, en su lugar, a través de casos o hechos ilustrativos perpetrados por las unidades militares que operaron en los territorios que hasta ahora no han sido investigados, la Sala de Reconocimiento avanzará en la instrucción del caso”.

Sobre las razones para centrarse en el periodo entre 2005 y 2008, el tribunal explicó que en ese tiempo se registró el pico más alto de ‘falsos positivos’ y porque se tomaron decisiones militares que incidieron en la victimización. Así mismo, luego de 2005, el patrón de asesinatos y desapariciones forzadas motivados por la presión de los resultados ya se habría consolidado.

Para este periodo de tiempo, Álvaro Uribe Vélez era presidente de Colombia y Juan Manuel Santos era su ministro de Defensa nacional.

“La Sala de reconocimiento de verdad de la JEP, empieza a implementar una metodología paralela de trabajo que va de arriba hacia abajo. A través de ella busca verificar si los patrones macrocriminales determinados por la JEP fueron replicados en otros territorios y si respondieron a factores comunes de alcance nacional en el que estarían comprometidos altos mandos militares”, explicó el tribunal.