El paro armado anunciado por el ELN desde el 4 de julio en la región San Juan (Chocó) continúa dejando serias afectaciones a civiles. Las comunidades de municipios como Sipí continúan confinadas en sus propios hogares, pues los constantes enfrentamientos entre esta guerrilla y el Clan del Golfo no cesan, como tampoco los hostigamientos a civiles y comerciantes.
En Istmina, la crisis humanitaria ahondó con las restricciones al transporte de alimentos impuestas por ambos grupos armados. En ese municipio la principal actividad económica es la minería (también pausada), pero los pequeños y medianos comerciantes del casco urbano también son los primeros afectados con la situación que se convirtió en una constante.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, es el quinto paro armado que se registra en Sipí en lo que va de 2023. Las acciones violentas de las dos estructuras en ese municipio llegaron al punto de que el alcalde municipal, Juan Rivas, aseguró en declaraciones recogidas por Noticias Caracol que la población “está secuestrada” en medio de una inminente situación de hambruna.
Para la Procuraduría, cerca de 25 mil personas están confinadas en el sur del departamento, por lo que el Ministerio Público delegó una comisión especial para atender la crisis en la zona. Jefferson Mena, procurador para asuntos étnicos, cuestionó el papel del Gobierno nacional y su falta de actuar para contener la ofensiva de la guerrilla y la estructura criminal.
“El departamento no tiene los recursos con que atender esta situación y las alcaldías tampoco”, manifestó el funcionario. El grupo designado por esta entidad sostendrá una serie de encuentros con representantes de las comunidades afectadas, personeros locales y la Defensoría para conocer fondo las principales afectaciones de la población y las opciones existentes para llegar hasta esos territorios y ocuparse de los habitantes en San Juan.
Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció desde Bogotá acciones para atender a los habitantes de zonas como Sipí, Istmina, Nóvita y Medio y Litoral de San Juan. De paso, envió un duro cuestionamiento al ELN por mantener este paro.
“Bloquear a una población es completamente la antítesis de mandar mensajes de convivencia. Yo quiero recordarle al ELN que un proceso de paz lo puede negociar el Gobierno con una organización insurgente, pero lo valida es la sociedad, y la sociedad frente a estos hechos, evidentemente, generó rechazo”, sostuvo el alto funcionario.
Sobre esto, el Frente de Guerra Occidental del ELN anunció en la noche del miércoles 12 de julio que el paro armado sería levantado a las 0:00 horas del jueves 13.
La acción armada fue anunciada por esta guerrilla horas antes de la entrada en fase de alistamiento contemplada en el cese al fuego bilateral decretado con el Gobierno nacional. Esto generó el desplazamiento de seis comunidades de los sectores Buenas Brisas, Barranconcito, Doidó, San Agustín, Chambacú y Cañaveral.
“Todas se han visto afectadas por las disputas territoriales entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, indicó la Defensoría.
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