Los habitantes de Chocó llevan una larga temporada enfrentando los estragos del desplazamiento armado en la nación. Desde mediados de marzo del presente año -2023- alrededor de 1.000 personas de seis comunidades de los municipios de Sipí y Nóvita huyeron de sus territorios por acciones del Ejército de Liberación Nacional y clan del Golfo.
En 2022, 433.580 personas fueron violentadas por el ‘confinamiento’ en Chocó, Antioquia, Córdoba y Sucre, según un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), publicado en enero de 2023.
En el mismo documento también se informó que estos cuatro departamentos fueron los más afectados por los grupos al margen de la ley durante el cuatro trimestre del 2022. Estos aislamientos en su mayoría son ordenados por el clan del Golfo y el ELN contra poblaciones indígenas y afro que se encuentran en la zona.
Un cese al fuego con el ELN sería insuficiente para hacer frente al desplazamiento
El gobernador del Chocó, Ariel Palacios, expresó el martes 11 de julio su preocupación ante la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales en este distrito noroccidental. El funcionario consideró que podrían registrarse choques con el clan del Golfo en vista de la suspensión del paro armado anunciado por el ELN el martes 4 de julio.
Este cese se negocia actualmente entre integrantes del Ejército de Liberación y representantes del Gobierno nacional en territorio cubano; sobre el mismo en las primeras horas del miércoles 12 de julio se conoció el decreto 1117, en el que se especifica que esa guerrilla ‘no podrá retener a integrantes de la comunidad civil’, lo cual sería una luz de esperanza para quienes habitan las zonas perjudicadas por este flagelo hasta la fecha.
“La confrontación no es con la fuerza pública, es entre estos dos grupos al margen de la ley que se están disputando el territorio (...) Nosotros pensamos que si se firma un cese al fuego con el ELN pues debería firmarse con el clan del Golfo para que estos dos grupos no se sigan enfrentando”, sugirió el mandatario departamental.
Añadió: “En la zona norte tenemos la presencia del clan del Golfo con una estrategia nueva que es dejar a personas de su organización entre la población civil. Esto es una bomba de tiempo porque se puede presentar el otro actor armado”.
Estas palabras las pronunció en el lanzamiento de la primera etapa del plan de territorialización de la política de defensa y seguridad ciudadana, donde también estuvieron el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y las autoridades de Antioquia y Córdoba.
Además, se refirió a las iniciativas lideradas por el presidente Gustavo Petro para encaminar al país hacia la ‘paz total’, con la entrada en vigencia del cese al fuego bilateral. Según señaló el gobernador, ese convenio excluye a la organización del Clan del Golfo, lo que podría derivar en una disputa entre ambos bandos.
“Nosotros pensamos, y se lo hemos solicitado al presidente Petro, que dentro de la propuesta de ‘paz total’ sea incluido el otro actor armado, que es el clan del Golfo. El cese de hostilidades que se firma con el ELN lo deja por fuera”, manifestó Palacios.
En el evento, el ministro Velásquez no habló sobre mecanismos a corto plazo para contener la escalada de violencia; sin embargo, anunció un paquete de medidas conjuntas entre ese departamento, Córdoba y Antioquia. También regañó a las Fuerzas Militares por las bajas incautaciones de cargamentos de cocaína en los departamentos.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, la subregión San Juan sufrió el quinto paro armado en lo que va de 2023; por lo que hicieron un llamado al ELN a ser coherentes entre lo mencionado en la mesa de negociaciones con el Gobierno y su actuar en los territorios.
Acompañamiento a los desplazados
Previo a la suspensión del paro tanto la Fuerza Pública como las autoridades del departamento dispusieron un corredor humanitario para asistir a la población rural de los municipios de Nóvita, Sipí, Istmina, Litoral del San Juan y Medio San Juan.
Conforme a los datos entregados por Ariel Palacios, algunos de los ciudadanos en Nóvita y Sipí ya retornaron a sus viviendas, aunque la mayoría de la población continúa desplazada.
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